La nueva estación marítima de Formentera o el aparcamiento subterráneo para 600 coches, previsto en parte bajo el actual muelle de pescadores, no se pueden seguir tramitando sin una nueva delimitación de los espacios de uso portuario (DEUP), un documento cuyo trámite el presidente de Puertos del Estado, Josep Llorca, anunció ayer por la mañana en los andenes que está «muy adelantado», tanto que confía que el Ministerio de Fomento emita la orden ministerial que da por bueno el documento «en las próximas semanas».
Llorca detalló que la zona donde están previstas estas inversiones es de uso pesquero y hay que cambiar la a usos comerciales a través de la DEUP, que empezó a tramitarse a finales del año pasado. Esto afecta tanto a la nueva terminal como a los aparcamientos, que estarán bajo el edificio.
El presidente de Puertos del Estado recorrió el puerto viejo de Ibiza para examinar las obras actualmente en curso en la zona del Martillo, que promueve la APB, y la dársena de Levante, a cargo de la concesionaria de la marina de superyates, Sovren Housegroup. Llorca anunció que ambas obras se pararán a finales de mayo, incluso si no se ha podido terminar aún el trabajo, para retomarlas después de la temporada.
«Más allá» de la ordenanza»
En cualquier caso, desde el organismo portuario aseveraron que se «se irá más allá» en la ordenanza municipal de Vila que paraliza las obras en las zonas turísticas durante el verano, porque la van a cumplir a pesar de que la propia norma excluye de la paralización forzosa los trabajos en puertos y aeropuertos.
El máximo responsable de la red de Puertos del Estado se mostró partidario de la «concertación» con las autoridades urbanísticas locales y también la defendió para los planes especiales que regularán los usos y actividades en las nuevas estaciones marítimas del puerto.
Preguntado por la preocupación de los comerciantes de Vila por la posible competencia de los nuevos negocios que se instalen en zona portuaria, Llorca se mostró «personalmente en contra de cualquier restricción del mercado», aunque insistió en que Puertos se pondrá de acuerdo con el Ayuntamiento para fijar los usos comerciales. También afirmó que en el puerto de Vila, «las grandes obras de los últimos cinco años han permitido liberal para la actividad ciudadana espacios que antes se dedicaban a la carga» y destacó este caso como ejemplo de negociación con la Administración local. Llorca recordó la obligación legal de «pactar» los planes especiales con el Ayuntamiento. Porque también advirtió que en caso contrario «la decisión la toma el Consejo de Ministros». «La coordinación y concertación es obligada», insistió.
En cuanto a la ampliación de las concesiones en la zona portuaria de Vila, fuentes de la APB comentaron que a lo largo de este año se resolverá la de Marina Botafoch, el mismo plazo que su presidente, Gual de Torrella, dio para despejar el futuro del Club Náutico.
