La conselleria de Turismo del Consell de Ibiza, que dispone de competencias plenas en la materia, sólo logró recaudar durante el año 2016 un total de 89.294 euros en concepto de infracciones cometidas por partes de todo tipo de establecimientos en todos los sectores (restauración, hostelería y ocio, entre otros) de la isla. La cifra también incluye las multas que se impusieron a personas que alquilaban ilegalmente pisos a turistas, aunque la conselleria aseguró no tener el desglose de este concepto específico.

La modestia de esta cifra contrasta con la importante cantidad recaudada el año pasado por la venta de plazas de alojamiento, es decir, el pago que ha de hacer cualquier empresario que quiera crear nuevas camas en la isla. Esas nuevas plazas deben ser 'compradas' en una bolsa existente y que tiene un número limitado. Por este concepto el Consell ibicenco ingresó 1.481.000 euros, teniendo en cuenta que el precio aproximado de cada plaza es de 4.300 euros, según figura en la correspondiente ordenanza reguladora.

Por otra parte, el Consell ha ingresado, en concepto de tasas, 425.000 euros en el mismo ejercicio.

Alquileres turísticos

Estas cifras fueron dadas a conocer por la institución ibicenca, a petición de este diario, coincidiendo con la comparecencia en el Parlament de la directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, a propuesta de Podemos. La responsable del área reiteró que el Govern, con su nueva ley, exigirá a los propietarios de pisos en alquiler que demuestren que se trata de arrendamientos legales y que no están albergando a turistas. Carbonell reconoció las dificultades que tiene ahora la Administración para probar si un piso está siendo alquilado turísticamente, por lo que la modificación de la ley «invertirá la carga de la prueba» para que sea el propietario el que demuestre la legalidad del alquiler.

En la isla de Mallorca, el Govern abrió en cuatro años (2012-2016) un total de 313 expedientes sancionadores por pisos turísticos, lo que supone menos de 100 al año.

La directora general recordó que la nueva ley impondrá multas de entre 20.000 y 40.000 euros. En Mallorca, Turismo cuenta con 15 inspectores para toda la isla.

El diputado de Podemos Salvador Aguilera alertó de los «miles de viviendas vacacionales ilegales que se están comercializando online».