La futura Ley de Vivienda de Balears prevé declarar como temporalmente desocupado un piso cuando esté vacío durante más de seis meses, lo que permitirá a los ayuntamientos tomar medidas para promover su salida al mercado y favorecer su uso.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha incluido en el proyecto de ley, que el lunes se remitirá al Consell Consultiu, varios cambios entre los que se incluye la creación de la figura de «vivienda temporalmente desocupada» solicitada por el Consell de Ibiza.
El anteproyecto ya regulaba un registro de viviendas desocupadas para que los propietarios de más de diez pisos que los tengan en desuso dos años estén obligados a ceder temporalmente su gestión al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que los destinará a alquiler social durante tres años y abonará una renta a los propietarios.
La figura de desocupación temporal de entre seis meses y dos años tiene como propósito dar herramientas a las administraciones locales para que fomenten el uso del parque inmobiliario de sus territorios y desincentiven el alquiler vacacional, explicó el conseller Pons.
En la rueda de prensa del Consell de Govern de ayer la portavoz, Pilar Costa, desmintió el informe de dos profesores de la UIB según el cual el alquiler vacacional no encarece el precio de los inmuebles.
A este respecto, Costa subrayó que hay análisis de expertos que llegan a conclusiones opuestas e indicó que la «opinión política» del Govern es que el alquiler vacacional «tiene una repercusión en el precio para los ciudadanos de las islas», al margen del debate sobre si esa influencia es mayor o menor.
Otra medida incluida en el proyecto final de la Ley de Vivienda es la fijación de una fianza equivalente a dos meses de renta que se depositaría en casos de alquileres residenciales, pero no en los vacacionales, que están regulados por otra vía y sujetos a una autorización específica.
De este modo se quiere dificultar que propietarios que alquilan pisos a turistas se amparen en que lo permite la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que la fianza obligatoria de dos meses resultará muy elevada para alquileres de corta duración.
Otras alegaciones incorporadas al texto que se remitirá al Consultiu antes de ser tramitado en el Parlament, son medidas contra la pobreza energética y para garantizar que las entidades financieras no echen de sus casas y faciliten una alternativa a familias desahuciadas que carezcan de recursos.
