El Govern aprobó ayer un decreto para regular el sector del alquiler de embarcaciones de recreo por el que crea un registro público de barcos y facilita la incorporación de más unidades sustituyendo la autorización administrativa previa por una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos.
Según informó el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, al concluir 2016 había en Balears 2.463 barcos de alquiler autorizados, más del doble que cinco años antes, y el sector, que concentra en las islas la mitad de la actividad del conjunto de España, genera una facturación anual de 60 millones de euros.
El decreto aprobado en su reunión de ayer por el Govern reemplaza una orden vigente desde 2007, y «adapta la normativa a los cambios legislativos de los últimos años», indicó el departamento de Pons en un comunicado.
En el registro público ahora creado, que dará mayor «seguridad jurídica» a los operadores y garantías a los consumidores, deberán inscribirse todos los barcos que se pongan en alquiler en Balears, y podrán sumarse a él naves de las islas, del resto de España y de cualquier país de la Unión Europea. También podrán operar en el archipiélago barcos extracomunitarios que cumplan con los requisitos establecidos.
