El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, reveló ayer en el Parlament que las concesionarias de las autovías del aeropuerto y Sant Antoni han ingresado hasta la fecha más dinero del que estaba previsto en el plan económico financiero y, además, han gastado menos en tareas de mantenimiento con respecto a las previsiones iniciales.

En respuesta a una interpelación del diputado de Podemos, Aitor Morrás, sobre la gestión de las autovías, Pons explicó que se ha constatado que las empresas ganan mas al iniciar el proceso de reequilibrio económico de las concesiones para hacer frente a un sobrecoste de 30 millones de euros.

Los tribunales condenaron a la Comunitat Autònoma a pagar esta cuantía como consecuencia de los costes de más que tuvieron que afrontar las constructoras como consecuencia de «los altercados» que se produjeron por el movimiento de resistencia 'antiautopista' y las dificultades para ocupar los terrenos, entre otras cosas.

El Govern ya advirtió a las concesionarias de que no iba a pagar de golpe estos 30 millones: 22,5 millones a Ibisan (FCC Construcciones SA y Enrique Ortiz e Hijos) y casi ocho millones a la UTE Accesos Ibiza (Matías Arrom Bibiloni y el Grupo Ortiz) . Pons explicó que al revisar el plan económico financiero se ha comprobado que se pueden compensar los 30 millones de la condena con lo que las concesionarias han ganado de más, de modo que la ejecución de las sentencias «no tengan repercusión económica» para el Govern.

Tierra del campo de golf

Pons también explicó que la retirada de la tierra de las obras de la autovía de dos fincas del Grupo de Empresas Matutes que estaban al margen del pacto entre la propiedad y la constructora para construir un campo de golf tendrá un coste aproximado de dos millones de euros. Los tribunales también han condenado en este caso a la Comunitat Autònoma a la retirada de la tierra en estas dos fincas (50.000 metros cuadrados).

El Govern ha requerido a la concesionaria de la autovía del aeropuerto a que 'limpie' los dos terrenos. La constructora se niega a ello y se ha abierto un nuevo litigio judicial. Pons recalcó que si persiste la negativa, el Govern lo hará «subsidiariamente» (con la idea de descontarlo luego de los pagos pendientes), pero tendrá que avanzar el coste, de casi dos millones.

El diputado de Podemos Aitor Morrás acusó a todos los Ejecutivos autónomos, incluso el anterior de la izquierda, de «no hacer nada» para resolver este asunto y exigió a Pons que para «restituir la dignidad» de los ibicencos, se retire toda la tierra de Platja d'en Bossa, no sólo la de las dos fincas al margen del pacto para el golf, porque de lo contrario «la trama habrá servido». «Y eso es lo que no nos podemos permitir, por mucho dinero que cueste a la Comunitat Autónoma. Esta debe adelantarlo y luego repercutirlo en los contratos de las concesionarias», subrayó.

Ocho millones de presupuesto

Pons le respondió que los técnicos del Govern le han informado de que el coste de la retirada de la tierra del golf, con un presupuesto de ocho millones de euros (el anterior Ejecutivo del PP lo presupuestaba en 12,7 millones «a la baja»), debería soportarlo la Administración.

El conseller entiende que es «el propietario que quería hacer negocio con las tierras» quien tendría que pagarlo. Ante esta situación, Pons explicó que se está evaluando si se ha podido cometer alguna infracción ambiental o urbanística que permita «ir contra la propiedad y exigir la retirada de la tierra».

Acto seguido, el conseller, que destacó que la Administración es «esclava» de las concesiones y apenas tiene «margen» para actuar, reconoció que está abierto a mantener «un debate» sobre la conveniencia de que la Comunitat Autònoma se gaste ocho millones de euros en retirar la tierra. «Tengo mis dudas», dijo en relación a la conveniencia de hacerlo, al tiempo que subrayó las limitaciones de las arcas del Govern y la existencia de otros problemas complejos, como el de la vivienda en Ibiza. «Hay que establecer prioridades. Entiendo perfectamente que se quiera restablecer la dignidad. Pero pongo la cifra [ocho millones] para que lo sepamos», destacó.