Más de 300 personas participaron ayer por la mañana en la tradicional manifestación del Primero de Mayo en Ibiza. La cifra, aunque modesta, fue algo superior a la de otros años, como también lo fue la cantidad de políticos que se acercaron al punto de salida, en ses Figueretes, entre ellos el presidente del Consell, Vicent Torres; el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz; el de Sant Josep, Josep Marí Ribas, o la consellera balear de Cultura, Fanny Tur, entre otros cargos progresistas. La pancarta que encabezaba la marcha tenía como lema 'No hi ha excuses'.
Las consignas contra la corrupción, contra el Partido Popular y contra Mariano Rajoy fueron constantes durante la manifestación. Sin embargo, en sus declaraciones ante los medios y en el manifiesto final leído en el Parc Reina Sofía, los dirigentes insulares de UGT y CCOO destacaron ante todo la necesidad de que los récords de turistas se traduzcan en mejoras salariales para las plantillas de trabajadores.
«Se están llenando los bolsillos, tienen muchos beneficios y hemos de ser partícipes de ellos, porque nosotros también generamos esos beneficios», afirmaba la dirigente insular de CC OO y camarera de habitaciones de profesión, Consuelo López. Es precisamente este colectivo uno de los más afectados por las duras condiciones de trabajo que deben soportar: «Cada verano quedamos machacadas, con los huesos y los músculos rotos, pero los empresarios no quieren bajar el número de habitaciones que corresponde a cada trabajador», afirmaba, mientras definía sus condiciones laborales de «próximas a la semiesclavitud».
En todo caso, el sector de la hostelería se prepara para batallar un convenio laboral que se prevé duro, pues aspiran a conseguir una «fuerte subida» en los salarios que, en cualquier caso, esté por encima del 3%. Según explicaba el actual portavoz de UGT en Ibiza y Formentera, Fernando Fernández, «no sería raro que este año el IPC se cerrara entre un 2% y un 3%». «Pero tampoco nos vamos a conformar con una subida de un 2% o un 3%, sino que vamos a exigir un aumento grande», añadía. Para Fernández, «no puede ser que la isla en general y los hoteles sigan creciendo y aumentando su categoría, mientras los salarios de los trabajadores siguen ahí achantados».
Actualmente, los alrededor de 30.000 trabajadores que tiene el colectivo en Ibiza y Formentera están amparados con un convenio para cuatro años que termina en 2018 y que incluyó una subida anual del 1,25%, pero que no impide que «los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo», señalaban los sindicalistas.
Conflictividad en la limpieza
Junto con la hostelería, el otro sector que protagonizó las protestas, las pancartas y las declaraciones de los representantes de CCOO y UGT fue el de la limpieza. No sólo es la empresa KLE, concesionaria del servicio en el aeropuerto de Ibiza, la que es objeto de todas las críticas, sino que también Valoriza -concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza de Vila- recoge protestas por parte de los sindicatos por su negativa a mejorar las condiciones de sus empleados. Mientras que los trabajadores piden una subida del 3% este año y un 2,5% en el próximo, la empresa ofrece el 0%, según señaló Consuelo López. Ante esta situación y ante la evidencia de que «se trata de una empresa potente, pues pertenece al grupo Sacyr», CCOO promoverá concentraciones ante la sede de la compañía en Ibiza «y si esto no da resultado, se podría convocar una huelga». López añadió que también hay fricciones con Fomento en el municipio de Sant Antoni y con Herbusa. «El sector de la limpieza es un reflejo de lo que está pasando en toda la isla», señaló.
Hospital de Cas Serres
También los trabajadores del hospital residencia de Cas Serres expresaron su malestar por las carencias que sufren. El representante sindical de UGT, Juan Luis Núñez, admitió tener el compromiso político de que se mantendrá la condición de hospital de esta instalación y de que, además, seguirá perteneciendo al Consell, sin traspasar al Govern, como se pretendía. «Pero también es cierto que las buenas palabras referentes a las intenciones políticas no concuerdan en absoluto con las acciones que se llevan a cabo por la Administración». En este sentido, Núñez afirmó que «se está precarizando paulatinamente el servicio público que se da en el hospital, pues hace meses que no se cubre la plaza de psicóloga, ni la de terapeuta ocupacional, ni la media jornada de fisioterapia, ni del personal del Centro de Día». Tampoco se cubren, señaló, las ausencias del personal de administración, lo que acaba afectando seriamente al funcionamiento del centro. «Se está haciendo pagar a los trabajadores la propia ineficacia de la Administración a la hora de gestionar bolsines de sustitución o la plantilla temporal, con denegación masiva de vacaciones, días personales y otros derechos», añadió este representante sindical.
