El consorcio para la reconversión territorial y paisajística de determinadas zonas de la isla de Ibiza se constituyó en mayo de 2008, con un presupuesto inicial de 50.000 euros, para negociar con los propietarios de terrenos de Benirràs, Punta Pedrera, Roca Llisa y Cala d'Hort compensaciones por la protección regulada en la ley 4/2008. Esta blindaba el desarrollo urbanístico de estas zonas mediante la ampliación del ámbito de las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) colindantes.
En su día, de los tres municipios afectados por esta norma, sólo el Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado entonces por la izquierda, se integró en este consorcio, previsto en la misma ley 4/2008. Santa Eulària y Sant Joan rehusaron formar parte de este órgano, que, a día de hoy, está inactivo. De hecho, Jaume Roig, abogado de la mayoría de los afectados de Benirràs y de parte de Roca Llisa, asegura que no sólo nunca ha habido ningún contacto con las instituciones para negociar compensaciones, en contra de lo que preveía la misma ley, sino que el consorcio «ni llegó a constituirse».
«Pendiente de nombramiento»
Pese a que no ha tenido ningún uso, este consorcio se salvó del tijeretazo a la estructura de la administración de la Comunitat Autònoma que ejecutó la pasada legislatura el presidente José Ramón Bauzá. Este órgano aparece en la web de la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad sin ningún tipo de contenido ni explicación de su cometido, sólo con un elocuente «pendiente de nombramiento». En la misma situación se encuentra también el consorcio de Movilidad para Ibiza, entre otros.
Pese a que el nuevo proyecto de ley de urbanismo de Balears consolida la protección de estos enclaves naturales de la isla (de hecho ya lo hizo la moratoria aprobada en enero del año pasado) y el director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, ha reconocido que la protección de parajes como Benirràs supone un coste que hay que «asumir», el consorcio sigue inoperativo.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha condenado a la Comunitat Autònoma en varias sentencias (están recurridas en el Supremo) al pago de algo más de 18 millones por la protección de parte de Roca Llisa con la ley 4/2008.
La web del Govern sitúa la dirección de contacto del consorcio en la sede del Consell de Ibiza (incluido el teléfono), cuando, paradójicamente, la consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, sostiene que se trata de «un tema del Govern» y que la institución insular está «al margen».
Disciplina urbanística
Tampoco ha habido ningún contacto entre las dos administraciones, según Marí, para reactivar el consorcio. La consellera explica que se había interesado en poner en marcha este ente para gestionar la disciplina urbanística, pero asegura que es «complicado». «No es nuestro y para reactivarse se necesitan una serie de modificaciones: de estatutos y su adaptación a las nuevas leyes del sector instrumental de la Comunitat Autònoma», según explica Marí.
Además, la consellera resalta que existe «la duda» de si este consorcio «se puede utilizar para otro fin distinto de lo que preveía la ley [la 4/2008]». «Como para lo que fue creado no se utiliza, seguramente desaparecerá», añade.
