Es la realidad bajo la superficie del mar. Aquello que no se ve en las imágenes de calas y playas saturadas de embarcaciones, ancladas muchas de ellas sobre praderas de posidonia, y que se suma al problema. Un golpe más en un litoral maltratado. Bajo el espejo de las aguas, como campos de minas, centenares de muertos o puntos de fondeo fijo se convierten en una señal más del descontrol y de la saturación que soportan las Pitiusas.
Talamanca, es Portitxol de Portinatx, Porroig, la bahía de Sant Antoni, Pou des Lleó. Apenas puede bucearse en una cala de Ibiza sin encontrarla plagada de muertos para el fondeo, bloques de hormigón o neumáticos de camiones y bidones rellenos de cemento y colocados allí ilegalmente. Sobre la arena o sobre posidonia. Incluso algún enorme tiesto vuelto del revés y relleno se ha convertido en amarre. O una encimera de cocina. Te adentras en Porroig o es Portitxol y encuentras los primeros bloques de cemento a menos de veinte metros de la orilla. Y los localizas ya a una profundidad de menos de cinco metros. Buceas bajo barcos amarrados a estos anclajes o bajo las boyas y observas los círculos de borneo que sus cadenas dibujan alrededor, dando sentido a su nombre popular al dejar amplias zonas muertas, incluso más de medio metro de diámetro de posidonia arrasada. No sólo las anclas de los barcos amenazan la salud de las praderas que dan oxígeno al Mediterráneo.
Cada año se echan nuevos bloques al agua y los que están abandonados no se retiran, se acumulan. En la Demarcación de Costas de Balears aseguran que no se conceden permisos para poder instalar este tipo de anclajes en las playas y que sólo se tomarían en consideración peticiones para ello en casos muy puntuales en los que los peticionarios fueran pescadores. Es decir, esos muertos no pueden estar ahí porque no tienen permiso para ello. Los amarres de este tipo que existen en las islas son ilegales. Y lo cierto es que prácticamente nadie solicita información a Costas sobre la posibilidad de tramitar legalmente la colocación de un amarre, pero es un secreto a voces que hay empresarios de concesiones de playa que, aunque su negocio legal es otro que les puede servir de tapadera, fabrican un muerto casi al momento. Previo pago en negro y sin preguntar a organismo alguno. Preparar un bloque de cemento y lanzarlo al agua es sencillo. Y hay quienes, en lugar de venderlos, los alquilan. En Talamanca o en Sant Antoni, por ejemplo. Por el contrario, y para ser justos, cierto es también que existen en la isla empresas dedicadas al sector náutico que reciben «continuamente» ofertas para que fabriquen muertos y que se niegan a hacerlo. Aunque no tienen ninguna duda de que otros lo harán sin problemas.
En el marco del programa 'La mar, una responsabilidad compartida', el área de medio marino del Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) ha realizado un estudio sobre varias zonas de fondeo de Ibiza y ha contabilizado los muertos de cinco calas de la isla: Talamanca, es Xarco-es Jondal, Porroig, Cala d'Hort y Cala Salada. En total, en esas cinco zonas, y que sirva de ejemplo de la situación, se localizaron 278 amarres de este tipo. Sólo en Talamanca, «donde la pradera de posidonia oceánica presenta signos de degradación muy evidentes, como la presencia de calvas de arena, rizomas muertos y tallos partidos», la cifra asciende a 95, y 44 de ellos se asientan sobre posidonia. En Cala Salada, explica Xisco Sobrado, uno de los autores del estudio, se detecta fácilmente que muchos de esos muertos están abandonados, ya que no concuerda el número de embarcaciones que, con cierta regularidad, los usan para el fondeo con la elevada cantidad que suponen las 66 estructuras fijas que han contado en el lecho marino.
En esta cala se detecta bien que las embarcaciones que fondean haciendo uso del ancla son barcos en tránsito, mientras que las que hacen uso de un muerto son residentes. De un año al otro, hay propietarios que cambian de zona o no encuentran el punto de fondeo que ya dejaron, por lo que echan un anclaje nuevo. «Alrededor de los muertos, destaca Xisco Sobrado, «el daño a la posidonia es muy evidente». En Porroig, además, han localizado algún amarre marcado con el nombre de su propietario, lo que ofrece una nueva perspectiva del grado que alcanza la sensación de impunidad con la que se lanzan muertos al agua.
El caso de los pescadores
En el informe del GEN, a punto de presentarse públicamente, se incluyen propuestas sobre esta materia en concreto y se solicita la «retirada controlada de fondeos fijos en uso particular por fondeos ecológicos, mediante acuerdos con los usuarios. Siempre se deberán garantizar tres aspectos fundamentales: acceso público al mar, uso público y, por supuesto, conservación de la naturaleza, gestión y ordenación de los recursos naturales. Estos fondeos deben ser de uso social para aquellos fondeos georreferenciados que demuestren un uso histórico asociado a la etnografía del lugar». Es decir, el GEN no olvida la necesidad de dar una solución, en primer lugar, a los usuarios tradicionales de los amarres, principalmente a los pescadores y propietarios de casetas varadero.
El problema de fondo, como en el caso de las anclas, es la saturación que sufre el litoral pitiuso. Y si bien todos los expertos consideran que la prioridad es la defensa del medio marino, que soporta una presión insostenible, reconocen que es injusto que los pescadores o marinos pitiusos que disponen de un fondeo con muerto y boya lo pierdan porque lo que hacían, sin grandes impactos, hace treinta o cuarenta años no es posible hacerlo ahora debido a que las islas se han llenado de embarcaciones de recreo. El impacto, la capacidad de regeneración del medio, es también una cuestión de cantidad. En síntesis, los verdaderos interrogantes que se plantean tras el problema de los fondeos son cómo pueden Ibiza y Formentera asumir el creciente número de embarcaciones en su litoral sin tener que sacrificar más territorio construyendo más puertos, si los fondeos ecológicos que se está estudiando instalar en zonas como Talamanca o Cala Vedella serán suficientes y si hay alguna forma de frenar el aumento de barcos en la costa.
Las instituciones no lo tienen fácil en este asunto y son conscientes de ello. El Consell de Formentera, sin ir más lejos, tiene un ejemplo reciente de los conflictos que puede suscitar una campaña de retirada de amarres ilegales. Hace ahora un año y medio, el Gobierno, a petición del Ministerio de Medio Ambiente pero a instancias de la institución formenterense, autorizó un proyecto de limpieza del litoral que incluía la retirada de anclajes ilegales de fondeo en las dos Pitiusas y con un presupuesto de 416.000 euros. Se extrajeron, en el mes de septiembre, más de cien muertos, en territorio del Parque Natural de ses Salines: Caló de s'Oli, sa Torreta y s'Espalmador. A Ibiza, la limpieza no llegó. Y en s'Espalmador, varios patrones se enfrentaron a los encargados de la limpieza; algunos, tras notificarles que podían ser sancionados y negarse a soltar amarras, tuvieron que ser apercibidos de que, finalmente, la reincidencia en el fondeo ilegal podría considerarse un delito ecológico. Si el asunto de los fondeos resulta polémico y provoca conflictos con los amarristas, sacar y remolcar los bloques de cemento tampoco es fácil; hay que reflotarlos mediante globos y usar grúas para trasladarlos a tierra. Un trabajo complejo y caro.
Otro factor que debe sumarse a la ecuación de los muertos es la seguridad de los bañistas. De hecho, en cualquier tramitación que lleve a cabo Costas para la instalación de amarres se tiene en cuenta la competencia de Capitanía Marítima en cuestiones de seguridad. Y en teoría, no puede fondearse a menos de 200 metros en playas no balizadas ni a menos de 50 en zonas balizadas, pero es habitual observar fondeos, tanto de puntos fijos como de anclas de paso, a una distancia considerablemente menor.
Queda mucho por hacer. Tanto en la concienciación de quienes echan los bloques y de quienes hacen negocio destrozando el fondo marino como en la persecución de estas infracciones que, en los casos más graves, pueden pasar a ser delito ecológico. Los foros náuticos son también un oportuno lugar en el que tomar el pulso al asunto; en multitud de ellos localizas navegantes que han comprado o alquilado un barco sin tener garantizado el amarre y que preguntan si los muertos son legales en Balears, donde quieren ir a pasar el verano, y también cómo fabricarlos o dónde conseguirlos. Se desprende de estos foros un generalizado desconocimiento, tanto de la normativa como de los daños que el fondeo provoca en las praderas de posidonia, una cuestión que, de hecho, prácticamente nadie plantea en estos debates.
