Las dificultades para encontrar vivienda en Ibiza fueron objeto de 'debate' ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza. Un hombre se sentó en el banquillo acusado de un delito de receptación por tener en su domicilio un maletín con partituras de música que había sido robado. El acusado indicó que aquello no era suyo y que ni siquiera sabía que estuviera en su casa. Y alegó que en aquellas fechas había acogido en su vivienda a dos personas recomendadas por un conocido que necesitaban alojamiento en la isla unos días y que debía ser de ellos. «Mi error fue meter a dos personas que no conocía en casa; yo no sabía lo que ellos hacían», resaltó el acusado en su turno de última palabra.

«Yo lo que no entiendo es que meta a gente que no conoce en su casa», planteó una estudiante de 1º de Bachillerato del IES Sa Serra que ayer asistió, junto a una veintena de compañeros, a las vistas celebradas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza. «Es que eso sí que se hace», le respondió la juez, Clara Ramírez, quien continuó: «A lo mejor para este chico era una forma de hacer un favor o a lo mejor les ha cobrado. Ya sabéis lo que pasa con los alquileres aquí en Ibiza», comentó.

La magistrada explicó a los estudiantes que para condenarle por el delito de receptación tenía que estar totalmente segura de su responsabilidad, sin que existiera alternativa alguna que explicar a cómo el maletín había llegado a su casa. «A la Fiscalía le basta con indicios racionales para acusar, pero para el juez no puede haber otra opción» de reponsabilidad, insistió.

En este sentido, les hizo ver un dato fundamental: no sólo el acusado aseguraba que había más personas viviendo en su casa; lo mencionó uno de los policías que prestó declaración. «Esto plantea dudas sobre si pudieron ser otras personas» quienes cometieron el delito, apuntó la magistrada, que les indicó que cuando dictara sentencia se la haría llegar al instituto para que la conocieran.

«¿Y no existe una responsabilidad civil por lo que pase dentro de tu casa?», preguntó la profesora. La juez destacó que no es lo mismo un asunto civil, que está relacionado con «un pago que hay que hacer» y uno penal, que implica «una conducta mala que ataca a los bienes de las personas». Pero en todo caso, apostilló que «de todo lo que pasa en una casa no es responsable el dueño»: «Si de mi casa cae agua al piso de abajo, es mi responsabilidad. Si en mi casa unos amigos cometen una violación, yo no soy responsable».

Desde primera hora de la mañana, la veintena de estudiantes ocuparon el espacio reservado al público de la sala de vistas situada en la tercera planta de los juzgados. Allí conocieron qué significa el delito de alzamiento de bienes; aprendieron que si alguien les ofrece comprar «Iphone 8 por 50 euros» deben sospechar de su procedencia, pues pueden estar cometiendo un delito si lo adquieren; o escucharon de boca de la juez y la fiscal que el consumo de drogas perjudica a la salud, tanto aquellas que se consideran que causan menos daño, como puede ser la marihuana, como la cocaína o el éxtasis.

«¿A ver, quién os ha convencido más?», les preguntó la magistrada a los estudiantes al finalizar una de las vistas por un alzamiento de bienes relativo al impago de unas costas procesales que databan del año 2009. «La acusación», aseguró la mayoría, mientras una de las chicas opinó que, pese a que «estaba claro que el acusado no quería pagar», el abogado le había representado «bastante bien».

La magistrada les explicó que no pagar sistemáticamente «no es un delito» y que el derecho penal debe ser la última instancia a la que se recurra en cuestiones de pagos de cantidades. «Antes se va a lo civil», les dijo.

Los chavales presenciaron también tres acuerdos entre Fiscalía y defensa en sendos casos de tráfico de drogas y la juez les dejó claro que eso suponía beneficiarse de una rebaja en la condena. Además, señaló que al no tener antecedentes, las penas quedaban suspendidas y los acusados no entrarían en prisión, si bien esto quedaba supeditado a no cometer otro delito durante un determinado periodo de tiempo. «Se da una oportunidad a la gente», subrayó.

El primero aceptó una condena de seis meses y un día de prisión por ofrecer marihuana a varias personas que resultaron ser guardias civiles de paisano. «El problema que tenemos en estos casos es que los compradores no vienen a declarar», les comentó la fiscal, quien sin embargo destacó que no era el caso, lo que ayudó a que el procesado reconociera los hechos. El segundo aceptó un año y seis meses de cárcel por vender hachís y tener también cocaína, y el último la misma pena por vender pastillas de MDMA en una discoteca.

Juicio por una pelea

De un juicio de lesiones por una pelea que al final se suspendió porque uno de los acusados resultó estar en la cárcel, uno de los estudiantes se interesó por si en dicha pelea estuvieran implicados un chico de 18 años y otro de 17 o 16. La juez le dijo que, pese a la poca diferencia de edad, los menores serían procesados en el Juzgado de Menores y el adulto, en el de lo Penal, aunque fuera «el día de su cumpleaños».

Y también presenciaron una vista por un delito contra la seguridad vial contra una mujer que dio positivo en la prueba de alcoholemia y tuvo un accidente de tráfico hace dos años. «Si conformara se la condenaría a un año sin carné, si no, se le puede imponer entre un año y cuatro», les dijo la magistrada, quien resaltó que en estos casos el resultado del test que alcoholemia es fundamental como prueba.

Aunque la mujer reconoció haber tomado dos copas de vino, señaló que el accidente se debió a la colisión contra unas piedras en la vía, algo que no compartió el guardia civil que declaró, que habló de distracción causada por el alcohol. Los chavales escucharon a la magistrada pedir a la letrada defensora que finalizara su alegato final en varias ocasiones. «¿Cómo lo habéis visto?», les preguntó al acabar. «Repetitivo», apuntaron ellos.