La multinacional Airbnb, dedicada a la intermediación en el alquiler de pisos a turistas, factura todos los años una considerable fortuna en Ibiza y Formentera, concretamente 92,4 millones de euros, gracias a los miles de pisos, casas y habitaciones que comercializa, y cuyo número no para de crecer. Si hace diez días este diario publicaba que las plazas que ofrece en las Pitiusas eran 21.100, ayer la cifra ya había subido hasta las 26.915, según dieron a conocer el colectivo mallorquín Terraferida, los ecologistas del GEN y la plataforma Prou! en una rueda de prensa conjunta.

Según los datos proporcionados por los portavoces de estos colectivos, Airbnb (que sólo es una de las empresas dedicadas a esta actividad en las Pitiusas) ofrece estos días 4.716 alojamientos en las Pitiusas con capacidad para 26.915 plazas. En la isla de Ibiza son 4.351 alojamientos y 25.178 plazas, mientras que en Formentera ofrece 378 viviendas que suman 1.713 plazas. Estas cifras, según señalaron Jaume Adrover y Xim Valdivielso, de Terraferida, y Joan Carles Palerm, del GEN, irán creciendo a medida que se vaya acercando el inicio de la temporada de verano. Puede verse la ubicación georreferenciada de todas y cada una de estas viviendas en la web terraferida.cat.

Sólo en la isla de Ibiza, Airbnb facturaría al cabo del año un mínimo de 87 millones de euros, mientras que en Formentera factura 5,3 millones, según los datos proporcionados por estas entidades citando datos de la propia multinacional norteamericana. Esta facturación es posible, añadieron, gracias a las 248.529 pernoctaciones registradas en Ibiza y las 23.338 de Formentera.

Adrover señaló que Airbnb suele quedarse entre un 10% y un 20% del precio del alquiler en concepto de comisión, dependiendo de los casos. También aseguró que a menudo esta plataforma usa artificialmente el nombre de un particular para dar apariencia de de trato cercano a los posibles clientes, aunque «cuando uno va a buscar ese nombre en internet para contactar con él, resulta imposible». «Es el caso de un tal Marcos, que él solo alquila ya 85 apartamentos en la isla de Ibiza», explicó.

Especial hincapié hicieron los integrantes de Terraferida, el GEN y Prou! en la total falta de control legal y fiscal con que actúa esta empresa, puesto que «no paga impuestos aquí» y, a modo de ejemplo, sus clientes no pagan la ecotasa al Govern balear.

También destacaron que aquellas personas que comercializan una sola vivienda (supuestamente, particulares que quieren complementar sus ingresos con este alquiler) representan sólo el 39% del total de la oferta, mientras que el 61% ofrece más de una propiedad. De esta parte, hay comercializadores que alquilan el 20% de todas las plazas que se ofrecen en las Pitiusas.

No a la legalización

Estos colectivos pidieron al Govern que «renuncie a legalizar el alquiler turístico de las viviendas plurifamiliares mediante la nueva Ley de Estancias Turísticas», recordaron que es una actividad «fraudulenta» y exigieron medios reales para perseguir este tipo de alquileres, casi todos ellos ilegales, según señalaron.

Terraferida lamentó que en Ibiza exista un solo funcionario para instruir todo el cúmulo de expedientes sancionadores que genera esta situación, y únicamente seis inspectores, cuando «haría falta un ejército de funcionarios» para controlar todas estas ilegalidades.

En cuanto a los precios que se cobran en Ibiza por los alquileres turísticos, éstos triplican a los de Mallorca y Menorca, según recordaron estos colectivos.

La vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, presente en la rueda de prensa entre el público, aprovechó para arremeter nuevamente contra la legalización de los pisos turísticos que prevé la nueva ley del Govern.