El Govern balear asume que la protección de Benirràs, Punta Pedrera y parte de Roca Llisa, entre otros parajes naturales de Balears preservados mediante la ley 4/2008, supone «un coste económico» que se tiene que «asumir». El director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, sostiene que sería «dramático» echar atrás el blindaje de estos espacios naturales por la amenaza del pago de indemnizaciones, que, resaltó, en el momento en que se aprobó la ley ya se sabía «seguro» que habría que atender. «Este Govern actúa en consecuencia. No nos hemos planteado este tema [dar marcha atrás] y menos por un tema económico, a pesar de que pagar indemnizaciones no es agradable», dice.

El proyecto de la nueva ley de urbanismo deroga la anterior de Ordenación y Usos del Suelo de les Illes Balears (LOU) del PP, que incluía un artículo para tratar de salvar el blindaje de estas zonas con el argumento del supuesto alto coste de las indemnizaciones.

El anterior gobierno progresista decidió proteger estos y otros parajes de Mallorca mediante la ampliación del ámbito de las ANEI colindantes (actualmente inedificables). En lugar de dar marcha atrás a esta norma (la modificación de los límites de las ANEI), el PP optó por incluir una disposición adicional en la LOU en la que especificaba que, con independencia de su calificación urbanística previa, un terreno se podía considerar urbano si conformaba una trama urbana y cumplía una serie de requisitos. Los casos de Benirràs, Punta Pedrera o Roca Llisa se ajustaban a estas condiciones.

Al amparo de esta norma, el Ayuntamiento de Sant Joan aprobó inicialmente, en julio de 2014, una modificación puntual de su planeamiento urbanístico para la construcción de 31 viviendas en Benirràs. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears dictó una sentencia en mayo de 2015 en la que rechazaba la indemnización de 40 millones que reclamaba un grupo de 15 propietarios de Benirràs, precisamente porque el nuevo Govern del PP había aprobado una nueva norma, en 2012, (la LOU) que permitía edificar en este paraje. Como el periodo entre el momento en que se aprobó la protección de la zona (2008) y en el que el PP habilitó la posibilidad de sortearla (2012) coincidió con la crisis inmobiliaria, el tribunal argumentaba que «no había supuesto un perjuicio indemnizable».

Las licencias exprés de Benirràs

Hay que tener en cuenta que en dicha sentencia no sólo se confirmaba la validez de las ocho licencias exprés concedidas por el Consistorio en 2007 (se tramitaron en sólo dos semanas) entre el anuncio y la aprobación de la moratoria que se acordó entonces, sino que también los propietarios habían cumplido «sus deberes urbanísticos».

Con la aprobación de la moratoria del Govern en enero de 2016, el desarrollo de dicha urbanización quedó en suspenso. Ahora, el proyecto de ley de urbanismo consolida la protección de la zona.

En el caso de Roca Llisa, el TSJB ha condenado al Govern balear al pago de algo más de 18 millones de euros a una serie de propietarios afectados. El Ejecutivo autónomo ha recurrido en el Supremo. En todo caso, el director de Ordenación del Territorio asume que «la decisión política de proteger no puede ir en contra de los derechos de los propietarios».

Corral evita pronunciarse sobre si fue o no acertada la decisión del anterior Ejecutivo progresista. «Los que lo hicieron tenían sus razones. Cada uno tendrá su parecer. No me planteo si lo hicieron bien o mal. Se trata de una situación heredada que implica el pago de unas indemnizaciones, que hay que asumir evidentemente, aunque a nadie le gusta pagar», apunta, en referencia a que el Govern actúa «en consecuencia».

Dicho esto, el director general de Ordenación del Territorio critica que el PP, en vez de «coger el toro por los cuernos», si no estaba de acuerdo en la protección de estas zonas naturales, debía haber derogado la ampliación de los límites de las ANEI aprobada por el anterior gobierno progresista, en lugar de tomar «un camino extraño» para tratar de clasificar «esas zonas como urbanas» al objeto de evitar el pago de indemnizaciones.