Medio centenar de funcionarios de los juzgados de Ibiza guardaron ayer por la mañana un minuto de silencio para protestar por el mal funcionamiento de la llamada justicia digital, que se implantó en los edificios judiciales de la isla hace diez meses y que, desde entonces, lejos de agilizar el trabajo, lo ha retrasado y complicado. Además, el vicepresidente autonómico del sindicato CSIF en Balears, Juan Nieto, no cree que se vaya a solucionar «ni a corto ni a medio plazo». «El personal ya está cansado» de los problemas que genera el nuevo sistema informático, que deja de funcionar con mucha frecuencia, lo que aboca a los funcionarios a trabajar de una manera precaria y, en muchas ocasiones, sienten vergüenza ante los usuarios, a los que no pueden ofrecer un servicio en buenas condiciones. «Los usuarios que acceden a diario a los juzgados saben a qué hora llegan, pero no a qué hora se van a poder marchar», lamentó Nieto tras el minuto de silencio, en el que participaron al menos dos juezas y dos secretarias judiciales.

Tanto la aplicación Minerva, que es el sistema informático de gestión procesal que soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales, como la intranet que conecta todos los juzgados de los partidos judiciales de Balears permanecen fuera de servicio con demasiada frecuencia. «El lunes volvió a pasar durante toda la mañana», denunció Nieto. Para estos casos, los funcionarios, sobre todo cuando su juzgado está de guardia, ya se han acostumbrando a llevar un pendrive en el bolsillo para guardar en él los documentos y, al día siguiente, con la aplicación ya recuperada, introducir la información en el sistema. Todo esto ralentiza el trabajo en un área, la Justicia, ya de por sí saturada. «Se están acumulando una gran cantidad de expedientes en los puestos de trabajo de los funcionarios, y esto genera mal ambiente, principalmente cuando el administrado acude a interesarse por algún expediente y ve que su asunto está muerto de risa sobre una mesa: esto no es de recibo», sentenció Nieto.

«El que paga este desastre es el justiciable, porque al fin y al cabo nosotras venimos a trabajar», manifestó por su parte una de las funcionarias que participó en el minuto de silencio. «A veces tenemos que decir a los usuarios que vengan otro día y son personas que tienen que dejar de trabajar para poder venir», añade una compañera.

«Muchas veces [debido a los fallos del sistema] los jueces y los secretarios no pueden firmar los documentos y eso hace que el asunto quede pendiente», explican.