La consellera del PP Pepa Costa se ha acogida esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza a su derecho a no declarar por el caso del aparcamiento de pago de Sant Antoni. Costa había sido citada a declarar como investigada por su supuesta intervención en los hechos denunciados cuando ejercía de concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento. Precisamente, Costa se ha negado a declarar alegando que ha recurrido ante la Audiencia Provincial su imputación. Su recurso se basa en que, en su citación, no se explican los motivos por los cuales se la ha requerido para declarar, en calidad, además, de investigada. "No hay ninguna fundamentación. No se explica nada", ha asegurado su abogada en la puerta del edificio judicial. "Si hubiera declarado, carecería de sentido el recurso", ha justificado la abogada.

La querella presentada por Pedro Espigares, administrador de Subsuelos Urbanos, la sociedad que explota el ´parking´ subterráneo de la plaza España, acusa a diversos exresponsables municipales de Sant Antoni de permitir el funcionamiento «irregular e ilegal» de los aparcamientos disuasorios habilitados en la periferia del casco urbano de Sant Antoni (incumplen, según denuncia, las ordenanzas municipales), que, según la empresa, ejercen «una competencia desleal» al que explota su sociedad.

La exalcaldesa del PP Pepita Gutiérrez y tres concejales de su equipo de gobierno (Vicent Ribas, Vicent Costa y José Torres), además de su antecesor en el cargo, José Sala, actual portavoz del grupo de la oposición, ya han declarado en el juzgado en calidad de investigados.

En su denuncia, Subsuelos Urbanos señala también que los responsables municipales eximieron a los propietarios de los terrenos empleados como aparcamientos disuasorios del pago del IBI para compensarles así por la cesión de los solares para un servicio público.