«Los pisos turísticos ilegales son una demanda que no debería existir». Así de contundentes se mostraron los abogados Sergio Carrasco y Naihara Cardona, que participaron ayer en la conferencia '¿Qué hemos conseguido tras año y medio de lucha contra los alquileres ilegales?', celebrada ayer por la tarde en el Club Diario de Ibiza y organizada por la plataforma 'Ibiza afectados por los alquileres'.

La imposibilidad de las administraciones de regular el precio de los alquileres debido a la ley de la oferta y la demanda y la libertad de los propietarios de fijar la cuantía de las mensualidades son los principales diques contra los que chocan aquellas personas inmersas en la odisea de conseguir un alquiler para todo el año en Ibiza y a un precio asequible. A este problema se suma la inacción de las instituciones para combatir las viviendas vacacionales y la sensación de impunidad que atrae a la isla a especuladores que gestionan un gran número de viviendas. Como advirtieron los abogados y el portavoz de la plataforma de afectados con los alquileres, Luis Gonzaga, la situación «va a peor» y la medida más efectiva es informar a la Agencia Tributaria de Balears de los arrendamientos ilegales. Por ello, repartieron entre los cerca de los 200 asistentes copias de un documento de la Agencia Tributaria de Balears para poner en conocimiento infracciones tributarias.

Al inicio de la conferencia, Carrasco y Cardona dejaron bien claro que el turismo no tiene la culpa de este «problema social» que implica la falta de vivienda para todo el año. «El culpable final es el que alquila», sostuvieron. No obstante, insistieron en que no se puede obligar a un propietario a bajar el precio del alquiler e hicieron hincapié en que el término «alegal», que utilizan algunos políticos para describir la situación de Balears, es «falso». «La ley es muy clara y detalla perfectamente qué viviendas se pueden ofrecer como turísticas», remarcó Cardona, que agregó que puede ser «aquella unifamiliar aislada, entre medianeras, con única parcela o pareada. «Si posees un edificio completo en el casco antiguo de un centro urbano, como la Marina o Dalt Vila, por ejemplo, anterior a 1940, también se puede alquilar a turistas, pero todo lo que no cumpla estos requisitos no puede serlo», señaló Cardona.

Por esta razón, ambos expertos criticaron a los políticos que califican como «ambigua» la ley, ya que, en su opinión, esta oferta no debería regularizarse, como pretende el Govern balear, sino «perseguirse y sancionarse».

Tras las intervenciones de los abogados, se abrió un turno de palabra para el público. El primero en intervenir fue el director insular de Turismo del Consell, Vicent Torres, Benet, que defendió la legalización de esta oferta ilegal. «Sabemos que el problema es grande, por ello creemos que se debe regular», consideró Benet. Esta opinión provocó los abucheos de parte del público. «¿Y qué pasa con los que vivimos aquí todo el año?», expresó una mujer. «Yo tengo casa, pero hay gente que no tiene por culpa de los usureros», agregó otra asistente. La consellera de Vivienda, Viviana de Sans, también acudió a la charla, pero no intervino en el coloquio.