El caso de Sara Calleja, la mujer fallecida en Ibiza en la madrugada del 11 de julio de 2015 inducida al suicidio supuestamente por su maltratador, según la Policía Nacional, ha sufrido un nuevo revés. Si el último motivo de paralización de la causa fue la «incidencia técnica» por la cual la declaración que el acusado realizó por videoconferencia desde Bruselas no había quedado registrada, lo que ha ocurrido ahora podría obligar a repetir la comparecencia si así lo acuerda el juez.

Y es que el juzgado de Bruselas en el que se llevó a cabo la declaración sí la grabó y, a solicitud de Ibiza, envió una copia. Pero en ella está grabada también la entrevista que mantuvo Christian C. con su abogado, que debía ser privada, de lo cual se ha percatado el Ministerio Fiscal, que es parte en el procedimiento. Para el letrado del acusado, lo sucedido supone «un hecho muy grave y una vulneración de los más elementales derechos», por lo que ha solicitado que se declare la nulidad del testimonio. De este modo, el procedimiento se encuentra de nuevo paralizado a la espera de que las partes se pronuncien acerca de lo sucedido y de que el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza, Juan Carlos Torres, quien subraya que ha tratado de impulsar el proceso desde que lo retomó, adopte una decisión.

La videoconferencia

La declaración del investigado se llevó a cabo el 25 de mayo de 2016, como recordó ayer el propio juez, quien resaltó que fue muy complicada Christian C. compareció desde Bruselas acusado de los presuntos delitos de quebrantamiento de condena, amenazas, maltrato psicológico e inducción al suicidio. Allí estuvo acompañado de un letrado, un traductor y un miembro de la Fiscalía, y en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza estaban el juez, la letrada de la Administración de Justicia, la Fiscalía, los letrados de la acusación particular y del acusado y otro traductor.

Se da la circunstancia de que el abogado de Christian C. fue designado de oficio esa misma mañana y, minutos antes de que se iniciara la declaración -que varias fuentes insistieron en que se realizó «con todas las garantías procesales»-, el letrado mantuvo una entrevista reservada con su cliente en la que debieron tratar cuestiones relativas a su estrategia de defensa.

A continuación se llevó a cabo la declaración, en la que el investigado negó todas las acusaciones. Así, señaló que, desde que salió de prisión en diciembre de 2014 -cumplió condena por un delito de amenazas en el ámbito familiar-, no volvió a contactar con Sara, pese a que le mostraron paquetes y mensajes que ella recibió, entre otras pruebas. «Ha dicho que sí, que antes le envió mensajes, por eso le condenaron; pero que ni en la cárcel ni después le envió paquetes, la llamó o le envió mensajes», dijeron fuentes de la Fiscalía.

Concluida la declaración -era la última-, el juez decretó la apertura de juicio oral por si los hechos «fuesen constitutivos de dos presuntos delitos de violencia de género, en su modalidad de amenazas de carácter continuado, con la agravante de quebrantamiento de condena y maltrato psicológico habitual», y dio traslado a las partes para que presentaran sus correspondientes calificaciones. Entonces, mientras la Fiscalía revisaba las pruebas, descubrió que la declaración de Christian C. se podía ver pero no escuchar debido, según se determinó después, a «una incidencia técnica».

Críticas del magistrado

«Cuando una declaración de esta importancia se hace por videoconferencia y no queda grabado, algo falla en el sistema y en la organización», afirmó ayer Torres. El juez añadió que «si personal técnico de apoyo» estuviera presente, estos «problemas» no ocurrirían, al tiempo que resaltó que esto «cuesta dinero».

Sin embargo, aunque las partes llegaron a pronunciarse sobre esta pérdida -la Fiscalía instó a continuar adelante dado que lo sucedido no suponía, a su juicio, problema jurídico alguno, y la defensa pidió el archivo y sobreseimiento libre del caso-, el obstáculo pareció solventarse, dado que al consultar al juzgado de Bruselas si ellos habían grabado la comparecencia, resultó que sí y les enviaron la copia correspondiente.

Una vez recibida, el magistrado ordenó que, antes de dar traslado a la partes, se transcribiera el contenido del cd recibido para saber lo que había allí. «El 27 de diciembre», concretó ayer Torres sobre la fecha en que dictó la providencia, al tiempo que insistió en que se trata de un documento «generado en el extranjero».

Sin embargo, esto no debió hacerse ya que fue la Fiscalía, cuando recibió el cd y lo revisó, quien se dio cuenta de que en el mismo estaba incluida también la conversación privada entre el abogado defensor y su cliente. Así lo hizo saber en un escrito dirigido al Juzgado con fecha del 30 de enero, en el que interesó que se suprimiera esta parte.

Al tener noticia, el abogado de Christian C. solicitó al juzgado «la nulidad» de la declaración. «La grabación se hizo de forma ilegal», resalta e incide en que, aparte de ser «un hecho muy grave» y «una flagrante violación» de los derechos elementales, constituye «un hecho abochornante propio de una república bananera».

Errores desde el principio

La tramitación de la causa de Sara Calleja, quien llevaba años siendo víctima de violencia machista y había presentado hasta 17 denuncias contra su presunto acosador -las 15 primeras en León, donde residía, y las dos últimas en Ibiza - y se quitó la vida a los 51 años porque no podía aguantar más, ha estado plagada de errores desde el primer momento.En la carta que ella misma escribió y que vio la luz después de su muerte, Sara reveló que había presentado dos denuncias en Ibiza sin obtener respuesta. Tras el fallecimiento, este diario desveló que estas no se habían tramitado.

Según fuentes judiciales, las denuncias interpuestas en comisaría aparecieron «en secretaría» y, según personal de esta instancia, tanto estas como otras causas de funcionarios que estaban de baja -fue una época de muchas tensiones y problemas entre funcionarios y la entonces secretaria- habían sido «guardadas» por la responsable de la oficina judicial, que si bien negó que las causas estuvieran «paradas», sí reconoció que estaban en su caja fuerte por seguridad.