Las tres cooperativas agrícolas de la isla de Ibiza -la de Sant Antoni, la de Santa Eulària y Agroeivissa- han firmado un conjunto de alegaciones comunes en las que figura, entre otras cuestiones, su rechazo a que se reduzca la superficie y volumen de las piscinas, una medida incluida en la moratoria urbanística del Consell precisamente con el ánimo de ahorrar agua y beneficiar al sector agrícola.

El documento de las cooperativas pide textualmente «no incidir sobre la superficie/volumen de las piscinas, sino sobre su manejo y gestión». «Más allá de la regulación de su superficie o volumen, creemos mucho más efectivo y necesario establecer las condiciones de su mantenimiento, impidiendo que dichas piscinas se dejen de mantener en invierno para proceder a su vaciado y llenado a principio de temporada. El ahorro real de agua no proviene de su superficie/volumen, sino de su gestión», reiteran estas entidades agrícolas.

Tampoco están de acuerdo dichas cooperativas en que se obligue a toda nueva casa de campo a contar con un aljibe para recoger agua de lluvia y así mitigar la explotación de los acuíferos subterráneos. Por el contrario, defienden la construcción de safareigs (albercas), puesto que, según dicen, es menos caro que un aljibe.

En cuanto a la obligación de que los cerramientos de las fincas sigan el sistema tradicional (una pared de piedra seca de baja altura), también lo rechazan alegando que no sirven para protegerse de los ataques de perros asilvestrados o contra los robos. Del mismo modo, critican que se reduzca la cantidad de casas que se pueden construir en el campo, puesto que ello «influye notablemente en el valor patrimonial de las propiedades», argumento este que coincide con el que viene empleando el Partido Popular.

Las cooperativas también afirman que «es surrealista justificar la reducción de las condiciones de edificación por la presión edificatoria, la especulación existente y, sobre todo, para mitigar el impacto de las viviendas de grandes proporciones», pues ello supone «un reconocimiento del fracaso de la política de disciplina urbanística».