La intención del Govern balear de legalizar el alquiler de pisos a turistas se está convirtiendo en más que una molesta piedra en el zapato en el ejecutivo de Francina Armengol. La pretensión inicial de Més per Mallorca y de su líder y vicepresidente del Govern, Biel Barceló, va avanzando lentamente, pero en cada paso encuentra cada vez más obstáculos y detractores.

Este mes de diciembre, tras un largo periodo de incertidumbre y de tensiones internas y externas, por fin el Ejecutivo autónomo presentó un esbozo de lo que pretende con la legalización de una actividad que siempre ha estado prohibida en las islas, pero que se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes negocios al margen de la ley.

Los miles de anuncios de pisos que inundan las principales plataformas del sector, como Airbnb o Homeaway, que gozan de total impunidad y que alimentan con centenares de millones de euros la economía sumergida de las islas son un problema de difícil solución y atajarlo solo con más inspectores como se ha hecho este año no basta. «Hay una realidad que nos sobrepasa a todos. No vamos a legalizar el cien por cien de lo que ahora se alquila turísticamente, ni mucho menos, lo que haremos será expulsar una parte de los que ahora están. Otra posibilidad sería expulsarlos a todos del mercado. Pero entonces deberíamos tener en cuenta las consecuencias que ello tendría sobre muchos sectores económicos que en estos momentos viven de esta gente que viene: comercio, restauración... mil empresas que en estos momentos crean puestos de trabajo. Y lo hacen porque estos turistas vienen», reconocía en las páginas de este periódico el pasado mes de mayo el propio Barceló.

Así que la solución para el Govern del Pacte es legalizar estos pisos y para ello ha elaborado un primer borrador en el que fundamentalmente deja en manos de los consells, y estos descargan en los ayuntamientos, la responsabilidad primera de permitir o denegar la mezcla de usos residenciales y turísticos. Y además, serán las propias comunidades de vecinos, las que en última instancia decidan sobre el uso de los inmuebles.

Cuando la reforma entre en vigor webs como Airbnb o Homeaway y cualquier otro agente comercializador podrán incorporar a su oferta únicamente las viviendas que estén inscritas de forma legal en el registro de Turismo. Si no cumplen, tanto el propietario como las webs se exponen a multas, que además serán más severas, tanto para la empresa comercializadora como para el dueño del inmueble: las sanciones se elevan desde el actual mínimo de 4.001 euros a uno de 20.000 , aunque el importe de la sanción puede ser de hasta 40.000 euros.

En cuanto el Govern saque adelante su reforma, cuya aprobación está prevista para antes del próximo verano, pero que no entrará en funcionamiento al inicio de la temporada, solo estará autorizado alquilar a turistas viviendas que cuenten con cédula de habitabilidad. Los turistas tampoco podrán alojarse en todas partes: el Govern deja en manos de los consells la definición de las zonas en las que se autoriza el alquiler turístico y las que se dejan solo y exclusivamente para uso residencial.A la medida de Ibiza

A la medida de IbizaEsta modificación está diseñada a medida de Ibiza, donde la saturación turística y las dificultades de los residentes para encontrar vivienda han movilizado a una sociedad que mayoritariamente se opone al alquiler turístico generalizado.

Con la reforma, los consells podrán determinar qué densidad máxima de población admiten en cada territorio, y tendrán la capacidad de limitar el número de plazas turísticas en cada zona, llegando incluso al extremo de poder prohibir el alquiler turístico donde determinen. Además frenar la especulación con el uso turístico de la vivienda. Para atacarla y controlarla, establecen dos límites nuevos. Primero: no se podrán dedicar a uso turístico viviendas de protección oficial. Y segundo: solo se pueden arrendar pisos y casas con más de diez años de antigüedad, con el objetivo de evitar así inversiones inmobiliarias en zonas residenciales, pero pensadas solo para el alquiler turístico.

Hay igualmente medidas para frenar el intrusismo. La más clara es la prohibición de alquiler de pisos por habitaciones. El Govern reclama al arrendamiento turístico servicios de calidad más parecidos a los que prestan los hoteles: quien quiera alojar a viajeros en su vivienda deberá por ejemplo tener un servicio de atención telefónica durante las 24 horas del día, así como limpiar antes de cada nueva entrada de huéspedes.