­­Ya hay propuesta oficial para regular el alquiler turístico en Balears. El Govern reformará la ley para permitir el arrendamiento de pisos a turistas en edificios residenciales plurifamiliares. Pero con requisitos. Para empezar, las comunidades de vecinos deberán dar el visto bueno al uso turístico de los pisos del edificio. Si no está permitido de forma expresa en los estatutos de la comunidad, será preciso incorporar una autorización por parte de los propietarios, que tendrán que aprobar por mayoría el arrendamiento a viajeros.

El Govern busca con este requisito evitar problemas de convivencia, aunque es una propuesta más blanda que otras que se han planteado por ejemplo en Ibiza, donde han llegado a plantear que para arrendar a viajeros sea precisa la autorización unánime de la junta de propietarios.

Además, según demanda la nueva ley, el comercializador del alquiler ha de encargarse de exigir la marcha en menos de 24 horas del cliente que altere la convivencia.

Cuando la reforma entre en vigor webs como AirBNB o HomeAway y cualquier otro agente comercializador podrán incorporar a su oferta únicamente las viviendas que estén inscritas de forma legal en el registro de Turismo. Si no cumplen, tanto el propietario como las webs se exponen a multas, que además serán más severas, tanto para la empresa comercializadora como para el dueño del inmueble: las sanciones se elevan desde el actual mínimo de 4.001 euros a uno de 20.000 , aunque el importe de la sanción puede ser de hasta 40.000 euros.

Y hay más. En cuanto el Govern saque adelante su reforma, cuya aprobación está prevista para antes del próximo verano, solo estará autorizado alquilar a turistas viviendas que cuenten con cédula de habitabilidad. Los turistas tampoco podrán alojarse en todas partes: el Govern deja en manos de los Consells Insulares la definición de las zonas en las que se autoriza el alquiler turístico y las que se dejan solo y exclusivamente para uso residencial.

Esta modificación está diseñada a medida de Ibiza, donde la saturación turística y las dificultades de los residentes para encontrar vivienda han movilizado a una sociedad que mayoritariamente se opone al alquiler turístico generalizado.

Con la reforma, los Consells Insulars podrán determinar qué densidad máxima de población admiten en cada territorio, y tendrán la capacidad de limitar el número de plazas turísticas en cada zona, llegando incluso al extremo de poder prohibir el alquiler turístico donde determinen. El proceso de «zonificación» iniciado ahora por el Govern traslada la batalla por el reparto del pastel turístico a las administraciones locales, que tienen en sus manos herramientas para definir todos los detalles del modelo de turismo.

Entre esas herramientas destaca la posibilidad de definir un nuevo techo de plazas turísticas en cada isla. Y mientras ese nuevo número máximo de alojamientos para turistas ve la luz, seguirá en vigor el existente desde el año 1998. Aunque aquí también hay cambios de calado. El fundamental afecta al propio funcionamiento de la bolsa de plazas a la que hay que recurrir obligatoriamente cada vez que se pone una nueva cama de hotel. A ese sistema se incorporará la oferta de alquiler en edificios plurifamiliares. Con lo que para tener derecho a arrendar a turistas un piso de ocho plazas hay que comprar esas ocho plazas en la bolsa de cada isla. Y pagarlas al precio que marque cada Consell Insular.

Contra la especulación

El Govern quiere además frenar la especulación con el uso turístico de la vivienda. Para atacarla y controlarla, establecen dos límites nuevos.

Primero: no se podrán dedicar a uso turístico viviendas de protección oficial. Y segundo: solo se pueden arrendar pisos y casas con más de diez años de antigüedad, con el objetivo de evitar así inversiones inmobiliarias en zonas residenciales, pero pensadas solo para el alquiler turístico.

Hay igualmente medidas para frenar el intrusismo. La más clara es la prohibición de alquiler de pisos por habitaciones.

Luego el Govern reclama al arrendamiento turístico servicios de calidad más parecidos a los que prestan los hoteles: quien quiera alojar a viajeros en su vivienda deberá por ejemplo tener un servicio de atención telefónica durante las 24 horas del día, así como limpiar antes de cada nueva entrada de huéspedes. Solo se permitirá el arrendamiento turístico en edificios adaptados. Y los comercializadores de alquiler turístico deberán identificar a todos los inquilinos.