El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, reconoce que no debería haberse producido la anulación de la orden de derribo de las construcciones ilegales de Buscastell por el tiempo que tardó el Consistorio (cuatro años) en concluir el expediente. En todo caso, Ferrer apunta que como no formaba parte entonces del equipo de gobierno no sabe «los motivos» que provocaron esta situación. «Puede ser que por el exceso de trabajo [del área de Urbanismo] algún asunto quede más atrás que otros. No quiero cargar las culpas sobre nadie sin saberlo, porque el volumen de trabajo es grande», reitera.
Hace unas semanas, y pese a «las instrucciones» dadas para que se reinicie el expediente de restablecimiento de la legalidad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento pidieron en el juzgado la confirmación de la sentencia (que ratifica la anulación del derribo). En respuesta a un recurso del denunciante de las obras ilegales (en contra de la sentencia que confirma la anulación del derribo sin más), el Consistorio destacaba que se cumplieron «todas las obligaciones que le imponía la Ley de Disciplina Urbanística» y acordó, aunque fuera de plazo, «la demolición de las obras ilegales».
El Consistorio incluso consideraba «inadmisible en Derecho» que el apelante pretenda no sólo la revisión de esta sentencia, sino de otras tres firmes, dos de las cuales, precisamente, anulan la orden de demolición del propio Ayuntamiento y que este no recurrió.
Sobre esta posición de los servicios jurídicos municipales, Ferrer sostiene que «cuando hay un caso de este tipo el Ayuntamiento intenta defender que ha actuado bien, a no ser que se trate de un caso bastante grave». El concejal reitera que no tenía conocimiento de estas sentencias hasta que la publicó este diario.
