Maria Sala Serra, hija y nieta de la propiedad de la finca de es Puig, afectada por las obras de la autovía de Sant Antoni, ha explicado esta mañana, en la comisión del Parlament balear que investiga la adjudicación, construcción y gestión de las autovías de Ibiza, con un relato cargado de emoción, lo que vivió su familia el 21 de marzo de 2006 cuando las máquinas entraron en su propiedad con la ayuda de 50 antidisturbios de la Guardia Civil.

Maria ha recordado que, sin una notificación previa, su familia supo que estaba siendo expropiada cuando su abuela, que estaba sola en casa, se encontró con "una hilera de 50 antidisturbios" cuando estaba "regando las plantas del jardín". "Usted no puede estar aquí. Vamos a proceder a la introducción de maquinaria pesada", le advirtieron los agentes ataviados de negro. Poco después, según su relato se personaron otros miembros de su familia que se opusieron con la ayuda de otras personas a la entrada de las máquinas. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas tres familiares de Sala Serra, y enviadas al calabozo de la Guardia Civil en Sant Antoni.

"No tenían acta previa de ocupación ni absolutamente nada" , ha lamentado Sala, que agregó: "Si nos hubieran informado previamente, podríamos haber ahorrado el sufrimiento de mi abuela. No tendría que haber presenciado como sus hijos y nietos "eran ninguneados, pateados y detenidos", ha dicho.

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia de Sala ha sido cuando ha recordado que su abuela, a la que "adoraba", falleció "teniendo pesadillas con el ruido de las máquinas", el "característico" pitido que emiten cuando van marcha atrás. Así, ha explicado que en en el exterior de la casa en la que residía al final de su vida se estaban haciendo unas obras y que al oír dicho pitido, su abuela se levantó "asustada" alertando de que "las máquinas volvían a estar aquí". "Esto no es política. De lo que pasó en casa el 21 de marzo de 2006 me queda la imagen de mi abuela aferrada a una valla de hierro gritando que por favor pararan. Esto no es política, es injusticia", ha destacado entre lágrimas.

La compareciente se ha mostrado crítica con el que entonces era el presidente del Consell, Pere Palau; el alcalde, José Sala, y sobre todo con el exministro y empresario Abel Matutes, al que ha calificado de "mala persona". Maria Sala ha explicado que Matutes llamó a su casa el mismo día que su padre salía del calabozo "como si fuera un delincuente" y le dijo: "La gordita de tu hija va a pagar muy caro lo que está haciendo". "De momento, no he pagado nada", ha añadido."Expropiaron mi casapara hacerle un acceso directo a su hotel"

También ha dicho que su padre fue a ver los planos del proyecto de la autovía a un despacho del Grupo de Empresas Matutes, al tiempo que ha indicado que, a su entender, el empresario, aunque lo niegue, "sí tenía intereses en las obras". "Expropiaron mi casa [parte de la finca donde se encuentra su vivienda] para hacerle un acceso directo a su hotel. Antes había que entrar por un entramado de calles por ses Païsses, y no luce", ha resaltado.

Sobre Palau y José Sala, esta afectada por las obras de la autovía ha recordado que días después de la ocupación de la finca ambos se personaron en la tienda de su padre con "una hoja en blanco". "Pinta lo que quieras que te lo daremos", le dijeron según el relato de su hija. "Después de lo que hicieron, ¿venir a pedir qué?", cuestionó reiteradamente."Eramos cuatro payeses defendiendo la tierra", ha rememorado

Del mismo modo, ha explicado que el mismo día que las máquinas entraron en su casa y su padre y dos familiares más fueron detenidos la entonces consellera insular de Vías y Obras, Stella Matutes, llamó a la tienda del padre y al no hallarlo le dejó dos mensajes, en uno de los cuales le decía que estuviera "tranquilo, que no iba a pasar nada" . "Y ya habían arrasado la finca de mi familia", ha recordado. De hecho, la información que publicó Diario de Ibiza el 22 de marzo de 2006 apunta que el entonces alcalde José Sala pidió sin éxito a Stella Matutes que parara las obras en esa finca.

También ha explicado que en días previos a la entrada de las máquinas, al ver que las obras avanzaban hacia su finca y que nadie les había informado sobre cómo le iba a afectar, su familia contactó con el alcalde y este le dijo que ese día que viajaba a Palma preguntaría por ello. Fue un miércoles, pero no dijo nada y una semana después llegaron las máquinas con los antidisturbios.

Diez años después de todo esto, hace sólo tres semanas su familia recibió un ingreso en su cuenta bancaria que se supone que se corresponde con el pago de la expropiación.