Unas 50 personas más, niños incluidos, en peligro de quedarse en la calle, esta vez en Roca Llisa. Los residentes de un edificio de la calle Segovia de esta urbanización de Santa Eulària explicaron ayer que no se consideran okupas pese a no pagar alquiler, ya que siempre han intentado que la Caixa les dejara abonar una renta, ya fuera en este inmueble o en otro, y que durante el tiempo que llevan viviendo en este lugar, unos cuatro años, un representante de Servihabitat [de la Caixa] les prometió que nunca les echarían sin una solución alternativa.
«Hemos aguantado todo este tiempo por estas promesas pero ahora nos han vendido bien baratos y el nuevo propietario nos quiere echar con agresiones, amenazas y extorsiones, así que yo le pido a los directivos de la Caixa que si tienen pensado hacer otra obra social conmigo me avisen antes, porque igual no me interesa», afirma Natalia Gómez, una de las afectadas.
Por su parte, desde la comunidad de propietarios de Roca Llisa denunciaron que estas personas se metieron en el edificio hace cuatro años y que nunca han pagado alquiler, electricidad y agua. Los vecinos aseguran que, al no pagar alquiler, tampoco pueden pagar luz y agua, y dijeron que cuando ellos llegaron el edificio estaba en peores condiciones y que ellos han realizado mejoras.
Algunos de los miembros de las 14 familias afectadas por esta situación escenificaron ayer por la tarde una protesta frente a la oficina de la Caixa de Jesús. Explicaron que son trabajadores «normales», algunos de temporada y otros de todo el año, que llevan entre diez y quince años viviendo en Ibiza y que están deseando pagar un alquiler. Como no encontraban vivienda, entraron en este edificio de Roca Llisa, argumentaron.
«De un día para otro nos hemos encontrado con que han venido extorsionadores extranjeros, matones, porque son matones, avasallando en las casas, e incluso a una vecina le dieron un golpe en la cabeza», denuncia Gómez. «Vino un hombre holandés, muy grande, y me amenazó, se encaró y me golpeó con el pecho en la cabeza», recordó Maite, otra vecina, que aseguró que ya han presentado dos denuncias en la Guardia Civil por estos hechos. Los vecinos explicaron que «estos matones extranjeros que visten como moteros» les han amenazado en varias ocasiones y que se marchan rápidamente en cuanto avisan a la Policía Local o a la Guardia Civil. «Os vamos a echar por la fuerza», les amenazan los «moteros» según explicaron los residentes, algunos de los cuales recibieron en mayo la primera notificación de desahucio por parte de la Caixa y en septiembre, la segunda. Ambos lanzamientos se cancelaron y, a partir de entonces, el aviso de abandonar el edificio se lo han hecho llegar a través de «los matones». Uno de estos, relataron los afectados, les contó que el nuevo propietario, cuya identidad desconocen, ha venido a la isla para comprar edificios por precios «irrisorios». «Con todo esto queremos hacer conciencia social, que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo ahora mismo con los bancos, que nos han tenido engañados durante tres años y nos han vendido a precio bajísimo, porque así nos lo han reconocido», indicó Gómez. Los afectados culpan directamente a la Caixa de la situación de incertidumbre que están viviendo. Piensan que después de negociar durante tres años con la entidad bancaria tendrán que abandonar la isla porque que no encuentran alternativa. No hay pisos en alquiler a precios razonables o que se puedan pagar con un sueldo normal, se lamentan.
«La situación es imposible, los trabajadores se van a tener que ir y entonces, ¿quién va a atender a los turistas?», se preguntó una mujer. «Yo conozco personas que están cobrando 1.500 euros y que están viviendo en un coche», añadió otro de los vecinos. «En cuanto venga este hombre y decida abrir las casas y echarnos a la calle [en referencia al comprador del inmueble], nosotros sólo podremos quedarnos sentados en un bordillo con los niños y ante esta perspectiva», manifestó Gómez, «yo querría preguntarle a la persona de la Caixa que ha venido a tomar café tres veces con nosotros cómo le explico yo a mi hija que no tenemos sitio para vivir».
Los afectados explicaron ayer que tienen el apoyo de la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Viviana de Sans, que les visitó el domingo pasado para interesarse por sus situación después de que estos le hicieran saber las amenazas de «los matones». La semana pasada la entidad bancaria confirmó al Consell que había vendido el inmueble. De Sans expresó su preocupación «por el hecho de que fondos de inversión empiecen a interesarse en la adquisición de bloques de viviendas residenciales para usarlos de manera especulativa». «Es importante que todas las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo y actuemos conjuntamente para encontrar alternativas a las familias y evitar que se produzcan estos dramas», señaló el Consell en un comunicado. Ayer, en Jesús, los vecinos contaron con el apoyo de Gianandrea di Terlizzi, coordinador de Movilidad del Consell y concejal de Sant Joan en la oposición.
