Los propietarios y el administrador del edificio Ses Roques de Cala Llonga, donde viven 28 familias que iban a ser desahuciados el pasado jueves, se acusan mutuamente de mentir. El administrador, Antonio Borregón, asegura que la dueña del inmueble y él firmaron un contrato de arrendamiento el 10 de marzo de 2015 que tenía una duración de cinco años y que, antes de que expirara, acordaron prorrogarlo. Sin embargo, ella falleció un mes un antes de la conclusión del contrato.

«El contrato quedó renovado tácitamente y el juez no puede echar a los inquilinos si no quiere prevaricar», advirtió Borregón un día antes del desahucio, que finalmente el juzgado paralizó. Éste también reclamó a los herederos de la mujer que «aporten el título constitutivo donde venga establecida la división horizontal de la finca».

Por su parte, los herederos aseguran que en octubre de 2014, es decir, unos cinco meses antes de la finalización del contrato, la propiedad y parte arrendadora comunicó a Borregón su voluntad de no prorrogar el contrato y se le advirtió que una vez llegado el vencimiento, en marzo del 2015, debía entregar el inmueble. «Tras los intentos infructuosos de llegar a una solución amistosa», señalan los herederos de la mujer, «esta parte se vio forzada a interponer, en fecha de 22 de abril de 2015, demanda de desahucio con el fin de recuperar la posesión del inmueble arrendado».

En octubre de 2015 el juzgado condenó a los demandados a devolver la posesión del edificio «bajo apercebimiento de lanzamiento». Borregón recurrió pero finalmente el juzgado acordó el desahucio para el pasado 9 de septiembre, si bien finalmente se paralizó para, según los herederos de la mujer, «respetar los derechos» de las 28 familias que residen en Ses Roques. Los dueños del edificio también acusan a al administrador de dejar de pagar la renta desde mayo de 2015 hasta la actualidad.

Al respecto, Borregón asegura que ha pagado puntualmente la renta acordada en el contrato que firmó con la mujer y que cada mes ha ingresado el dinero en la misma cuenta de La Caixa en la que siempre hizo los pagos. Sin embargo, añade el administrador, desde dos meses después de la finalización del contrato La Caixa devuelve el dinero «por orden de los herederos» de la mujer, aunque remarca que estos cobraron marzo y abril de 2015. «Puedo acreditar con documentos bancarios que todos los pagos que me corresponden han sido efectuados a su debido tiempo», afirma.

A este edificio de la calle Monge Aconcagua, en el camino de Salt d´en Serrà, se le dio uso turístico hasta el año 2009. El complejo cuenta con zonas comunes, con dos piscinas y una cafetería, instalaciones que ahora están fuera de servicio. Al parecer la propiedad quiere recuperar el uso turístico para el que originalmente se construyó el inmueble.

Mientras tanto, después de dos paralizaciones de desahucio, las 28 familias que residen en Ses Roques, entre las que hay niños y al menos una persona con movilidad reducida, saben que tarde o temprano se tendrán que marchar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària intenta mediar entre la propiedad y los residentes, que recientemente recibieron la visita de los trabajadores del departamento de Servicios Sociales del municipio.