Las restricciones al tamaño de las viviendas en suelo rústico en Ibiza se consideran una medida urgente y «quirúrgica», en palabras de la consellera de Territorio, Pepa Marí, para frenar la «especulación urbanística» vinculada a la construcción de grandes mansiones. Por ello se tramitarán como una modificación puntual al Plan Territorial Insular (PTI) y se aplicarán «desde el primer momento», desde su aprobación inicial por el pleno del Consell.

Con ello se persigue «que los efectos sean inmediatos» y se «da seguridad jurídica porque no habrá un periodo de indefinición» como en otras moratorias, según explicó Marí tras el Consell Executiu de ayer. La consellera destacó que las restricciones serán «las mismas», tal cual estarán en la norma cautelar, que luego se incorporarán al PTI. Y se aplicarán desde su aprobación «a todos los proyectos que lleguen al Consell», sin importar su estado de tramitación. Ello es así por una particularidad de la Ley Procedimiento Administrativo balear, que obliga a tener en cuenta «las normas vigentes», aunque el inicio del expediente sea anterior.

La vicepresidenta, Viviana de Sans, concretó que el Consell está pendiente de los últimos retoques de los técnicos para refrendar las limitaciones en una sesión urgente del Consell Executiu, antes de someterlas a la consideración del pleno de la Corporación, algo que sucederá «en un plazo muy corto», que no concretó si será dentro de este mes. También insistió en que con este acuerdo se cumple uno de sus acuerdos de gobierno entre Podemos y PSOE, por lo que mostró la «satisfacción» de su partido. Apuntó además que la norma cautelar podría estar en vigor un máximo de dos años, pero confían en culminar su tramitación «en un año, si todo va bien».

Como publicó Diario de Ibiza, las viviendas en el campo verán limitada su superficie «en todas las categorías del suelo rústico» hasta un máximo de 300 metros cuadrados de superficie y 900 metros cúbicos de volumen. Marí añadió que en este límite se incluyen también «los anexos», como almacenes o garajes, proyectados en la finca.

Asimismo, en la nueva construcción en el campo se obligará a adoptar medidas para el aprovechamiento del agua como la construcción de cubiertas planas para captar las precipitaciones y será obligatorio disponer de tinajas de acumulación con capacidad para hasta 15 toneladas de agua. Las piscinas estarán limitadas también a una por vivienda, hasta de 35 metros cuadrados y con capacidad para 60 toneladas de agua, lo que se considera «suficiente para las necesidades de una familia».

Freno a la especulación

Las nuevas segregaciones de fincas no podrán obtener derechos edificatorios, con «la única excepción» de las herencias y las cesiones de padres a hijos, indicó Marí, «siempre que cumplan el resto de condiciones» como la parcela mínima, de 15.000 metros en rústico común. Con ello se quiere evitar las segregaciones «con fines especulativos» que suponen la «urbanización difusa de la isla». Este es el único caso en el que se prevé la aplicación retroactiva de la norma, hasta las segregaciones realizadas el 1 de noviembre.

Con la norma también se declararán inedificables «el suelo rústico forestal, las zonas boscosas y las zonas incluidas en la Xarxa Natura 2000». Además, se decretarán medidas de conservación paisajística como la prohibición de las paredes de bloque. En su lugar, se impone el cerramiento «de toda la finca» y que los muros sean de hasta un metro de alto a partir de técnicas tradicionales como la piedra seca «o cerramientos cinegéticos».

En paralelo a esta modificación puntual, el Consell sigue adelante con su intención de revisar en profundidad el PTI «con un proceso de análisis, debate y participación» que se ha iniciado con el diagnóstico del territorio encargado a una consultora externa y que desembocará «en un nuevo modelo de gestión del territorio».