Desde hace más de un año una empresa homologada en el traslado y tratamiento de áridos (Transportes Romero) retira y comercializa parte de la tierra depositada en los terrenos de Platja d´en Bossa donde el Grupo de Empresas Matutes proyecta la construcción de un campo de golf.
Se trata de los terrenos en los que, según la sentencia del Tribunal Supremo, la propiedad pactó con la UTE Accesos Ibiza, constructora y concesionaria de la autovía del aeropuerto, el depósito de tierra extraída durante las obras para aprovecharla para un campo de golf. Con ello, la constructora se ahorró el transporte de los áridos a una cantera en vías de regeneración, y el coste de ello, en contra de lo que determinaban las prescripciones técnicas de la contrata.
La propiedad y Transportes Romero cerraron un acuerdo para la retirada de la tierra «a cambio de nada», según fuentes del Grupo de Empresas Matutes. José Romero, propietario de la empresa de transportes, explica que el material se vende para jardinería y otros usos, y puntualiza que son «escombros de desechos de las obras de la autovía». «Yo asumo mucho trabajo al tener que moverlos para pasarlos por la criba», apunta Romero, quien agrega que el acuerdo gratuito con la propiedad se debe a que «nadie los quita».
Durante las obras de la autovía, después de que la Plataforma Antiautopista y el grupo ecologista GEN denunciaran que la constructora estaba depositando la tierra, que tenía que ir a un vertedero, en los terrenos de Platja d´en Bossa a medida para el campo de golf proyectado, la propiedad lo negó y pasó a reclamar reiteradamente su retirada. El asunto llegó a los tribunales y concluyó con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que denegaba la razón a Fiesta Hotels & Resorts, del Grupo de Empresas Matutes, y confirmaba que había habido un pacto entre las dos partes para destinar los áridos al campo de golf previsto.
Orden confirmada por el tribunal
Durante el último Govern presidido por el socialista Francesc Antich (2007-20111), ante la insistencia del Consell de Ibiza, el entonces conseller balear de Obras Públicas, Jaume Carbonero, dictó el 14 de abril de 2010 una orden para la evacuación de la tierra. Dicha resolución fue ratificada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en la que, entre otras cosas, destacaba que la alteración de las condiciones de la contrata, «sin expresa autorización del director de la obra», suponía «el incumplimiento del contrato e influía en el equilibrio económico financiero de la concesión de la obra pública». Es más, el tribunal resaltó que la constructora «optó por hacer lo que más le convino» para «ahorrarse el coste del transporte y violando, con ello, las reglas en las que se sustentaba el equilibrio económico financiero del contrato administrativo». Pese a ello, la constructora ha mantenido firme su oposición al traslado de los áridos a un vertedero autorizado.
«El propietario decide»
El actual director general de Movilidad y Transportes del Govern, Jaume Mateu, no pone ninguna objeción al acuerdo actual entre el Grupo de Empresas Matutes y Transportes Romero para vender la tierra a terceros al entender que el Ejecutivo autónomo «no tiene ninguna responsabilidad» sobre estos áridos «en el momento en que se reconoció judicialmente que el propietario aceptó su depósito». «El Govern no tiene nada que decir», agrega.
Mateu sostiene que, en teoría, se debería cumplir la resolución de Carbonero, pero que, a consecuencia de esta, ha habido otros procedimientos posteriores que «no ponen en duda la orden sino la responsabilidad de a quién le corresponde» retirar los áridos.
Así, el director general de Movilidad y Transportes considera que el Govern sólo debe actuar en aquellas fincas en las que haya una orden judicial que le obligue a hacerlo. «No sé hasta qué punto el Govern tiene capacidad para exigirlo [la retirada de la tierra en los terrenos del campo de golf proyectado en el que la propiedad aceptó el depósito]. Es un debate más jurídico que político. Políticamente entendemos que no se debería haber acumulado esa cantidad de tierra ahí. En todo caso, si se hizo con todas las garantías legales... si al final la responsabilidad de las cuestiones ambientales o urbanísticas corresponden al propietario, es este el que ha de decidir qué hace con eso», mantiene.
El anterior conseller de Movilidad y Territorio, Joan Boned [dejó el cargo por un problema de salud], aseguró al principio de la legislatura que se iba a revisar la negativa del PP a forzar el traslado de los áridos a un vertedero. Anteriormente, como diputado en la oposición, Boned afirmó que para garantizar el cumplimiento de la orden de Carbonero, ratificada por los tribunales, el Govern podría usar parte del canon de 20 millones de euros al año que paga a la concesionaria.
