Las sanciones que prevé la Ley General Turística de Balears por el alquiler ilegal de viviendas turísticas son de 40.000 euros como máximo, según confirmó ayer el director insular de Turismo del Consell, Vicent Torres Ferrer, Benet, quien admitió que se trata de una cuantía modesta que debería revisarse mediante un cambio de la legislación actual. Los beneficios que obtienen muchos particulares y empresarios que se aventuran a adentrarse en la incierta senda de la ilegalidad superan a menudo con creces estas sanciones.
La citada norma conceptúa el alquiler ilegal de viviendas a turistas como falta grave, para las que están previstas multas de 40.000 euros como máximo, mientras que las leves se quedan en sólo 4.000. Las infracciones tipificadas como muy graves, que tienen un importe mayor, no engloban el alquiler ilegal, señaló el director insular.
Tres años de tramitación
Además, Vicent Torres lamentó la larga tramitación que conllevan los expedientes sancionadores desde que se detecta una infracción hasta que se realiza la propuesta de resolución. Todo este proceso suele durar tres años, entre las notificaciones, las alegaciones, recursos, informes y demás trámites inherentes a este tipo de expedientes.
Asimismo, sobre los funcionarios instructores de estos documentos pesa la losa de la prescripción de los expedientes. La ley prevé un máximo de un año para iniciar su tramitación para los leves, dos para los graves y tres años para los muy graves. Superados estos plazos, se declara la caducidad, lo que obliga a reiniciarlos.
Cien expedientes
En estas circunstancias, el Consell considera que «no es un mal promedio» el hecho de que en este año se hayan iniciado 100 expedientes sancionadores de un total de 250 diligencias previas abiertas, sobre la base de varios miles de supuestos pisos ilegales detectados por los seis inspectores que el departamento de Turismo tiene en el Consell.
Vicent Torres Ferrer recordó que estos inspectores no sólo deben velar por el control de la oferta turística ilegal, sino que también han de atender las reformas de todos los establecimientos hoteleros y de restauración de la isla. «Hay veces que una cafetería cambia de nombre tres veces en un año, y también han de hacer los trámites de esos casos», señaló Torres Ferrer.
También señaló que externalizar el servicio de inspección «es difícil, porque es un servicio que tiene la cualidad de autoridad». Además, existe la limitación de contratación por parte de las administraciones como consecuencia de la Ley Montoro.
El director insular de Turismo abogó por la modificación de todas las normas que ralentizan la tramitación de los expedientes y el incremento del servicio de inspección.
