­El número de plazas turísticas ilegales crece de forma galopante en Ibiza, pero también aumentan las que están siendo legalizadas. Así se desprende de los datos proporcionados ayer por el presidente del Consell, Vicent Torres, quien señaló que, hasta la fecha, la institución insular ha legalizado un total de 7.600 plazas -todas ellas en casas de campo- que se han acogido al proceso de regularización abierto con la ley 2/2005, que permitió albergar a turistas en las viviendas rurales.

Sin embargo, ya hay otras 6.000 plazas cuyos propietarios ya han solicitado regularizar y que están en fase de tramitación en la conselleria de Turismo, por lo que, legalmente, pueden ser ya explotadas, señaló Torres. Ello daría un total de 13.600 camas en casas de campo legalizadas o en fase de estarlo. No se incluye ningún piso turístico en edificios plurifamiliares, porque están prohibidos, y los que funcionan lo hacen ilegalmente. El día anterior, los expertos cifraron en unas 50.000 plazas la oferta turística ilegal de la isla de Ibiza.

A tenor de los datos proporcionados por el presidente del Consell, la capacidad de alojamiento turístico legal de Ibiza alcanzaría las 95.600 plazas, incluyendo las citadas 13.600 camas en casas de campo y las 82.000 que tienen todos los hoteles y demás establecimientos similares de la isla.

Vicent Torres, por otra parte, informó de que por el momento la tramitación de la ley que prepara el conseller Biel Barceló se encuentra en un estado bastante inicial, al menos, a tenor de la documentación que ha recibido el Consell. «Sólo hemos visto un borrador del 15 de abril, muy de brocha gorda», afirmó. Pero desde entonces no ha hecho entrada en el Consell ningún nuevo documento, confirmó.

El presidente del Consell reiteró su postura -no compartida por ningún otro grupo de la institución- favorable a la regularización de los pisos turísticos. «No queremos legalizarlo todo ni mucho menos», señaló. Además, afirmó que la regulación de este sector formaba parte de los acuerdos firmados con Podemos tanto en el Consell como en el Govern. «Dijimos que buscaríamos una nueva regulación de los alquileres turísticos, nada más», explicó. «No vamos a abrir grifos, al contrario, pero sí que hemos de buscar una regulación», insistió. Y recordó que otras autonomías españolas ya lo han hecho, como Madrid, Cataluña o Canarias. «De ellas podemos aprender lo que han hecho mal», opinó Torres.

El presidente subrayó que la voluntad de su partido es aplicar criterios restrictivos cuando se apruebe la ley que prepara el Govern. «Queremos que sean los planes insulares y municipales los que digan dónde queremos y dónde no queremos este tipo de arrendamientos», afirmó. Ahora bien, acto seguido matizó estas restricciones afirmando que «si se opta por una legislación muy restrictiva, no se evitará que esto [los alquileres turísticos] sigan pasando». «Si hacemos leyes que se salgan de la línea de la normativa europea, serán papel mojado», señaló.