Todos los partidos de Ibiza con representación en el Parlament coinciden en el diagnóstico: el alquiler turístico de los pisos está detrás de la saturación de la isla, es terreno abonado para las mafias, causa graves problemas de convivencia -incluso genera odio hacia el turista- y expulsa a los residentes -la conocida gentrificación. Pero el PSOE se queda sólo en su propuesta de tratar de regularlo. El PP se opone y en Podemos aún se lo están pensando. El miedo que ambas formaciones comparten es que abrir esa puerta suponga un alud de nuevas plazas turísticas cuando para los morados y Gent per Formentera toca hablar de límites «y poner techo».
El II Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales terminó con un coloquio entre representantes políticos con este espinoso asunto sobre la mesa. El director insular de Turismo, el socialista Vicent Torres, Benet, defendió, en tono pedagógico, que el Govern quiere «regular» para acotar esta oferta, no para «legalizar ni prohibir», que no está claro que se pueda. Benet dijo que están llevando a las instituciones una propuesta que reclama cambiar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) que permite el alquiler entre particulares.
Los socialistas quieren que se considere alojamiento turístico todo aquel piso cedido a un tercero «de forma reiterada y a cambio de una contraprestación», al menos en dos ocasiones en el mismo año, por periodos hasta de un mes. Así se podría aplicar la normativa turística -que impide el uso residencial y turístico en un mismo inmueble- y abogan por implicar a los ayuntamientos «para definir los usos permitidos». También recordó Benet que en la ley de Turismo del Govern Bauzá, las plazas en viviendas turísticas no computan y defendió «mantener la necesidad de intercambio de plazas».
El director insular defiende que regular esta oferta «haría aflorar esta economía sumergida» y permitiría identificar a los comercializadores de estos pisos. Además a través de una ley se podría habilitar a empresas de inspección, con lo que se superarían los escollos de la ley Montoro a la contratación.
El presidente del PP, José Vicente Marí Bosó, se mostró de acuerdo con Francina Armengol, que recomendó hace unos días «ser prudentes», por los «efectos permanentes» que puede tener una regulación. Marí Bosó lamentó «la incapacidad de gestión» de los socialistas, que «marean la perdiz» en lugar de actuar contra la oferta ilegal. También defendió que la ley del PP puso a las islas «en la senda de la recuperación».
Podemos se guarda su propuesta
Por su parte, el diputado de Podemos Salva Aguilera, acusó al Govern de «pasar la patata caliente» a consells y ayuntamientos. También pronosticó que este año el Indice de Presión Humana que elabora la UIB dirá que «en Ibiza se han superado las 425.000 personas y le «preocupa que se deje en manos de los municipios que se pueda crecer hasta el infinito». Sus propuestas se las guarda, según anunció, para cuando el PSOE les presente un nuevo borrador de la ley en el Parlament. Si consideró que cualquier solución debería «recoger las diferencias entre islas», en lo que también coincidió Alejandra Ferrer, de Gent x Formentera.
Aguilera reclamó más medios para la inspección turística. Según dijo, solo hay dos y medio en todo el archipiélago capacitados para sancionar, de los que uno está destinado a Ibiza y el resto (uno más otro a media jornada) se ocupan del resto de islas: «No puede haber este cuello de botella», dijo.
