La oferta ilegal de pisos y casas turísticas en la isla de Ibiza se ha convertido en el breve plazo de cinco años en un gigante de tal calibre que ya va camino de igualar en número de plazas a toda la oferta hotelera legalmente establecida, según los datos que proporcionó ayer la asociación patronal Exceltur en el II Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera, organizado por la Pimeef y la patronal de este sector, Avat.

El director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli, desveló que en la actualidad las multinacionales de alquiler de viviendas turísticas que operan a través de Internet (AirBnb, Homeaway o Niumba, entre muchas otras) copan ya 12.000 viviendas en la isla, que representan unas 50.000 plazas, repartidas por todos y cada uno de los municipios de Ibiza.

El incremento de este tipo de oferta ha sido exponencial en los últimos años, pues según Exceltur su presencia era testimonial en 2010 y se disparó hasta estas cifras en 2015. En cambio, la oferta hotelera reglada sólo aumentó desde 80.000 plazas hasta 82.000 en el mismo periodo de tiempo.

Estas cifras demuestran que la cantidad de 1.600 viviendas turísticas que constan como legalizadas en el Consell representa sólo una ínfima parte de las que se alquilan a turistas todos los veranos en la isla.

El directivo de Exceltur, durante su intervención en el congreso, mantuvo una postura inequívocamente crítica hacia los pisos turísticos y alertó de los perjuicios que causan. Sobre todo aludió al encarecimiento de la vivienda que supone para los residentes, así como a los problemas de ruidos, suciedad y falta de seguridad pública que provoca el uso turístico de las viviendas. «Las viviendas fueron concebidas para que viva la gente en ellas de forma permanente y si se ha querido que los turistas estén en edificios aparte, en hoteles, es para que no molesten a los residentes», resumió Perelli. El experto rechazó la «hotelización de las viviendas» también para asegurar «unos derechos básicos a los usuarios» de los alojamientos que, según dijo, no podrá garantizar nunca el sistema de los pisos turísticos. Tampoco pasó por alto la falta de seguridad pública que fomentan, pues «quienes se alojan en ellos no se sabe ni quiénes son».

Una visión mucho más amable y comprensiva con este fenómeno fue la que ofreció la representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Sobrino, quien justificó la expansión de los pisos turísticos a través de las grandes plataformas digitales. Sobrino, que no hizo ninguna alusión a Ibiza pero se prodigó en explicaciones sobre ciudades de EEUU y Europa, se limitó a glosar las bondades de la comercialización de pisos turísticos por parte de estas multinacionales. «En Texas, la entrada de AirBnb provocó una bajada en el precio de los hoteles», señaló Sobrino, quien se mostró partidaria de una cierta regulación para estas viviendas, pero sin caer en una normativa «desproporcionada».

Las molestias, «nada que ver»

La representante de la CNMC -organismo dependiente del Gobierno- consideró también que no hay ninguna relación entre la comercialización de pisos turísticos y las molestias (ruidos o suciedad) que generan este tipo de viviendas. «En Magaluf sólo hay hoteles», dijo para tratar de demostrar que los problemas de convivencia afectan a toda la oferta. «No es una cuestión turística, sino de orden público», señaló.

Sobrino, al pedir que los requisitos de la ley que regulará los pisos turísticos no sean demasiado exigentes, citó el tamaño de las camas, que en otras autonomías está regulado para que tengan un mínimo garantizado. «¿Por qué han de tener una medida? Si quiero, incluso debería poder llevar mi colchón o mi saco de dormir», llegó a decir.

También se mostró partidario de una regulación poco estricta el profesor de Derecho Mercantil de la Universitat de les Illes Balears Juan Franch Fluxá. En su intervención afirmó que «prohibir no va con los tiempos actuales». «No nos obsesionemos en poner 200.000 requisitos; no empecemos a machacar con requisitos», rogó a la conselleria de Turismo, que está elaborando la ley que legalizará esta controvertida oferta. «Como las plataformas digitales son verdaderos monstruos, o las ponemos de nuestro lado o van a arrollar a las comunidades autónomas», señaló Franch.