El presidente del Consell, Vicent Torres, las dos vicepresidentas del Consell, Viviana de Sans y Marta Díaz, y el conseller ibicenco de Medio Ambiente, Miguel Vericad, se reunieron ayer con el director insular de la Administración General del Estado, Roger Sales; el jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Gabriel Pastor, y el director general del Territorio del Govern, Luis Corral, para «manifestarles la preocupación de la institución insular por los casos que surgen continuamente de ocupación excesiva del litoral y de las franjas públicas», especialmente por el impedimento del paso en zonas públicas, según explicó De Sans.

En la reunión abordaron «las diferentes vías que se pueden afrontar para comenzar a poner coto a los abusos», apuntó De Sans, que señaló que desde Costas y el representante del Gobierno «han sido muy receptivos a la idea de que se acabe con esta percepción de impunidad y con el uso privativo del territorio».

No obstante, todo parece indicar que no habrá medidas excepcionales ni contundentes ni mucho menos inmediatas por parte de la Demarcación de Costas (cuyo representante se esfumó tras la reunión y no quiso hablar con la prensa) y que el problema, lejos de solucionarse, va para largo. Algunas de las medidas no dejan de ser voluntaristas y al delegado de Costas no se le arrancó ningún compromiso inmediato ni drástico. De hecho, todas las acciones propuestas parten de las propias instituciones ibicencas.

El presidente insular se limitará a pedir en el Consell de Alcaldes «que desde los ayuntamientos se informe negativamente cada una de las solicitudes que se hagan, especialmente las de uso privativo de la costa, que ahora se están comenzando a pedir». Viviana de Sans explicó que el Consell dará, en ese sentido, «la máxima ayuda a los ayuntamientos para que ninguna solicitud quede sin informar, a ser posible negativamente, si corresponde, por falta de personal».

Informes no vinculantes

Pero el problema, como recordó ayer el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, tras el encuentro que mantuvo con el delegado de la Demarcación de Costas en la casa consistorial (que también abandonó raudo para no hablar con la prensa), es que si bien la Ley de Costas «reconoce esa facultad al Consistorio, esos informes no son vinculantes». Es decir, Costas podría dar una autorización incluso con un informe negativo del Ayuntamiento: «Pero se supone que no lo harían», dijo Marí, que aseguró que «hasta ahora hacen bastante caso a los informes del Consistorio». El alcalde, por ejemplo, espera que dentro de dos años no se renueve la concesión dada en Platges de Comte en 2014: «Nosotros no lo queremos pues es un uso casi privativo». Pero de aquí a entonces solo cuenta con ese deseo. Luego ya se verá, pues el delegado de Costas no se comprometió a nada.

Del poco calado de las soluciones planteadas en la reunión da cuenta también que desde Costas y el Govern se limitaron a recordar que existe una herramienta en la web de la dirección general de Litoral y Territorio «donde cualquiera puede comprobar qué porcentajes y autorizaciones hay en cada playa. Cualquier ciudadano puede denunciar los incumplimientos». Pero no en esa web. En ese sentido, el Consell derivará las denuncias que le lleguen «a Costas o a la dirección insular de la Administración del Estado», indicó Marta Díaz.

Petición a la Fiscalía

Díaz informó de que en los próximos días mantendrá una reunión con la Fiscalía «para que actúen lo antes posible» cuando se denuncien casos de uso abusivo del litoral.

Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente aprovechó la ocasión para pedir a Costas que «practique una revisión de oficio de los expedientes más problemáticos» por uso indebido del espacio público, como a su juicio sucede en Platges de Comte. «La costa es un bien de todos», recordó.