El Ayuntamiento de Sant Antoni será el segundo de la isla, después del de Santa Eulària, que se ve obligado a adoptar medidas para frenar los efectos de la Ley Turística que aprobó el Govern de José Ramón Bauzá y que dio luz verde a prácticamente cualquier tipo de actividad de ocio en casi cualquier parte.
El pleno celebrado ayer aprobó, con la abstención del PP, una moción del equipo de gobierno para instar al Govern a que modifique esa ley y poner en marcha una moratoria «que impida la apertura de nuevos establecimientos residenciales con actividad secundaria musical y nuevos establecimientos al aire libre con actividad musical, conocidos como beach clubs». Sin embargo, fue el propio portavoz del grupo del PP, José Sala, quien recordó al concejal de Urbanismo y Actividades, Juanjo Ferrer, que «no hace falta pedir nada al Govern, puesto que es el Ayuntamiento el que tiene los instrumentos legales para decidir sobre estas cuestiones». Por ello, animó al equipo de gobierno a adoptar medidas propias, sin esperar a otras administraciones, para atajar este tipo de oferta, con lo que se mostró de acuerdo.
El concejal Ferrer dio la razón a Sala y tanto uno como otro recordaron el precedente del Ayuntamiento de Santa Eulària que en 2013, ante la posibilidad de que el municipio se llenara de beach clubs y locales parecidos, tuvo que aprobar una norma para prohibirlos expresamente y blindarse así contra esta oferta. Juanjo Ferrer explicó ayer a los periodistas que estudiarán la fórmula empleada por Santa Eulària para impulsarla también en Sant Antoni.
«Uno de los problemas que los residentes de la isla de Ibiza sufren más es el ruido. Música sonando en cualquier momento del día en cualquier rincón, tanto urbano como natural. Hay playas que se convierten en chill outs con Dj, restaurantes que ofrecen en sus cartas una sesión de música techno, hoteles que se convierten en discotecas al aire libre, etcétera», explicó el concejal de Urbanismo. Además, «en los últimos años varias leyes y reglamentos han ido dando más y más libertad a los establecimientos turísticos que se iban abriendo, permitiendo todas estas actividades secundarias», añadió.
Sala dijo estar «de acuerdo con lo que se dice», pero no «con la forma», refiriéndose a la petición dirigida al Govern, pues «el Ayuntamiento tiene instrumentos a su alcance para conseguir este objetivo más rápidamente y con más seguridad», reiteró. Un cambio en el planeamiento municipal «sería una revisión asumible, asequible y rápida», añadió Sala.
Tendido de es Fornàs
El pleno aprobó por unanimidad una declaración contra el tendido eléctrico de es Fornàs, que prevé la instalación de 32 torres metálicas de 60 metros de altura, lo que provocará, según todos los partidos políticos presentes en el Consistorio, un «impacto irreversible» en el paisaje de esta zona protegida por numerosas normativas.
