Los microbuses que trasladan bañistas a Cala Salada han vendido 37.250 billetes de ida y vuelta desde que el control de acceso a esa playa entró en servicio el 1 de junio, según los datos aportados ayer por la consellera ibicenca de Movilidad, Pepa Marí, en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio de Sant Antoni. En esas 85 jornadas, esos vehículos transportaron una media de 438 viajeros en ambos sentidos cada día, lo que desde ambas instituciones se considera un éxito. La jornada con mayor número de billetes de ida y vuelta vendidos fue el 14 de agosto, con 1.184.
El número de viajeros aumentó aritméticamente conforme pasaban las semanas: la primera subieron a los microbuses 1.431 pasajeros, mientras la pasada semana ya fueron 6.465. Marí se felicitó por el éxito del proyecto y anunció que buscarán «sistemas equivalentes» para otras playas de la isla. Aseguró que están en conversaciones con otros municipios para exportar el plan piloto del que Sant Antoni ha sido pionero. Entre ellos se encuentra el de Sant Joan, con quien «hay canales abiertos» para hablar de la posibilidad de que haya un servicio similar en Benirràs, donde el colapso es parecido al que había en Cala Salada antes de que el Consistorio decidiera plantarse y cortar el acceso. «Esto no es reversible. Hay que desarrollarlo y aplicarlo en otras playas», advirtió la consellera.
Incidente resuelto en 13 minutos
El concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, destacó que el control ha permitido evitar situaciones de riesgo como las vividas en 2015: hace un año se produjeron 12 incidentes, algunos de los cuales no tuvieron respuesta de los bomberos, de los servicios sanitarios o de urgencias hasta pasada media hora o, incluso, 90 minutos debido a que los vehículos aparcados taponaban los accesos a la playa. Este año, sin embargo, solo hubo un incidente, que se resolvió en 13 minutos.
Valdés señaló que, además, es el momento de empezar a cuestionar ciertos modelos y de debatir sobre la capacidad de carga que soportan algunos lugares. Puso el ejemplo de Cala Salada y se preguntó si es razonable que una playa donde hay 80 hamacas «se abra a 800 personas» al día. A su juicio «hay que racionalizar los espacios». También apuesta, como el Consistorio de Ibiza, por intentar controlar los fondeos frente a las playas mediante «medidas reales que favorezcan la sostenibilidad» del ecosistema, especialmente de las praderas de posidonia, brutalmente agredidas cada día.
El Consell ha invertido 15.000 euros en señalización, carteles y folletos. El coste del servicio de autobús será «menor del esperado» debido a su éxito, según Pepa Marí. Con los dos buses iniciales «se autofinanciaba», pero al añadir un tercero subirá algo más. El coste de toda la operación asciende a unos 40.000 euros para el Ayuntamiento de Sant Antoni.
