El cierre de Cala Salada al tráfico cuando el aparcamiento está lleno se repetirá el próximo verano y el modelo se extenderá a otras playas, según han anunciado este mediodía la consellera de Movilidad y Territorio de Ibiza, Pepa Marí, y los responsables del Ayuntamiento de Sant Antoni.

"Las medidas tomadas este año en Cala Salada no son reversibles y lo que hay que hacer es extenderlas a otros lugares", declara Pepa Marí.

La consellera ha señalado en rueda de prensa que en los primeros 85 días de puesta en marcha del servicio de autobús para acceder a la playa en transporte público se han vendido 37.250 billetes. La media diaria ha sido de 438, y la jornada de mayor actividad se registró el 14 de agosto cuando se expidieron 1.184 billetes de ida o vuelta en un solo día.

"La gente, al final, sabe que a Cala Salada se va en bus", ha asegurado la consellera, quien también ha ofrecido datos comparativos de la evolución del servicio desde la primera semana de junio, cuando se puso en marcha, hasta la tercera semana de agosto. De 1.431 billetes vendidos en siete días se ha pasado a 6.465 en la última semana contabilizada. Marí ha destacado que aunque inicialmente cubrían el trayecto Estación de autobuses de Sant Antoni- Aparcamiento de Can Coix- Cala Salada dos microbuses, el servicio de transporte público se reforzó en agosto con un tercer vehículo en respuesta a la creciente demanda.

En cuanto al coste del proyecto, el Consell ha invertido 15.000 euros en señalización, cartelería y la impresión de 36.000 folletos informativos. A esta suma se añade el coste del servicio de transporte que todavía no se ha cerrado pero que debido al éxito de la línea "será inferior a lo estimado inicialmente", según ha explicado la consellera. Marí ha reiterado la posibilidad de que en el futuro el modelo de Cala Salada se extienda a playas como Benirràs, ses Salines, Cala d'Hort o Platges de Comte y ha señalado que el Consell acompañará a los ayuntamientos que propongan medidas en esta línea.

Para el Ayuntamiento de Sant Antoni, que ha asumido entre otros gastos la colocación de las barreras y la contratación de los controladores y el informador, el coste de este plan piloto ha ascendido aproximadamente a 40.000 euros. El concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, ha valorado esta iniciativa ya que se trata de una playa con elevado riesgo. "El verano pasado hubo 12 incidencias muy graves en Cala Salada y el tiempo de respuesta en alguna llegó a ser de dos horas y media. Este año sólo se ha registrado una incidencia grave con un tiempo de respuesta de 13 minutos", ha informado el edil.

Valdés ha explicado que la intención de ambas instituciones era poner en marcha este proyecto piloto y "aprender de las circunstancias que se dieran". De este modo, asegura que se ha ido actuando "de la mano de los diferentes colectivos implicados", según han aparecido aspectos a mejorar. "Se ha reforzado la señalización, se ha duplicado la cartelería y desde principios de agosto se ha contratado a un informador con muy buen resultado, ya que el último mes es en el que menos incidencias se han registrado", ha enumerado el concejal, quien también ha anunciado que la regulación del acceso a Cala Salada "se mantendrá y se mejorará" el año que viene.

"Si hay que señalizar o tomar otras medidas que minimicen las molestias, se hará", ha asegurado antes de avanzar que se estudian también otras actuaciones para regular los fondeos en el municipio de Sant Antoni: "Queremos promover una acción que garantice la seguridad de los bañistas y el mantenimiento de las praderas de posidonia". Valdés ha descartado por el momento ampliar las vías de acceso a la playa o habilitar nuevas zonas de aparcamiento por el "efecto llamada" que provocaría.