­La delicada situación de la depuradora de Santa Eulària centró la preocupación de los grupos municipales en el pleno de ayer. Todos se pusieron de acuerdo para reclamar al Govern que no descuide su mantenimiento y para que se comprometa a financiar la gestión de los lodos, que actualmente asume el municipio. Cansado de «gestos de cara a la galería», el alcalde, Vicent Marí, reclamó al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, que se comprometa «mediante convenio» a hacerse cargo de la conversión del fango en compost.

El conseller ha anunciado en reiteradas ocasiones, incluso en el Parlament a preguntas del PP, que su departamento asumirá el desembolso, pero el alcalde quiere que, más allá de los anuncios, Vidal lo ratifique «por escrito». Marí teme que, como el Consistorio ha asumido la solución de un problema «que no le corresponde», este «ha dejado de existir» para la Administración autonómica, que es la competente. El edil de obras, Mariano Juan, cargó también contra el conseller de Medio Ambiente por «el ninguneo y la marginación» de los ciudadanos del municipio, porque su departamento sí ha asumido la gestión de los fangos «del resto de depuradoras de la isla».

También apuntó Juan que este año se superará la partida prevista de 100.000 euros para el compostaje de los lodos. Por ello se prevé problemas para justificar el desembolso, al tratarse de una actuación en la que el Ayuntamiento no tiene competencias.

Petición unánime al Govern

El concejal mostró además su indignación por el anuncio de Vidal de que no se invertirá en el mantenimiento de la planta «por eficiencia económica», a pesar de los «fallos constantes» en su funcionamiento. El alcalde advirtió de los problemas que ocasionará que la ampliación de la depuradora se haga «con esta funcionando» mientras el portavoz de Guanyem, Óscar Rodríguez, apuntó que esta ampliación «nace pequeña» para la población del municipio.

Tanto Guanyem como el PSOE apoyaron la moción del equipo de gobierno que reitera la exigencia de garantizar el mantenimiento de la depuradora. Incluso invitaron al PP a «ir más allá», y plantearse anular el convenio de la depuradora para recuperar su gestión. «Hay herramientas jurídicas para hacerlo», señaló el socialista Ramon Roca.

El mayor enfrentamiento entre los populares y el resto de grupos se produjo al informar el equipo de gobierno de la situación generada en la tramitación de la planta asfáltica de la cantera de ses Planes, después de que el Consell la considerara exenta de obtener la declaración de interés general. «Se quitan el muerto de encima», dijo Juan del pronunciamiento. Por la autorización «del actual Govern», a Santa Eulària solo le queda evaluar que se cumpla «el brutal listado» de prescripciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

«El Ayuntamiento no puede actuar con discrecionalidad» y deberá permitir la planta si cumple las condiciones, o si no lo impide una decisión judicial, dijo el edil, antes de que Vicent Marí calificara de «poco leal» la actuación del resto de administraciones. Juan apuntó que ante incumplimientos, como en los niveles de ruido, les permitirían actuar contra la planta.

La unanimidad se recuperó para reclamar un paso peatonal elevado que permita cruzar desde la zona de s´Olivera a Vila. «Ahora estamos a tiempo de hacer cualquier sugerencia», instó el portavoz del PSOE, Vicent Torres, Benet. Todos los grupos estuvieron de nuevo de acuerdo para reivindicar un retén de bomberos en el municipio que permita reducir el tiempo de reacción en caso de emergencia en el norte de la isla, aunque el alcalde acusó de «falta de voluntad política» al Consell. Según él, bastaría prever una partida para ampliar la dotación del parque insular, porque se trata de un servicio exento del cumplimiento de la ley Montoro.

Por contra, la mayoría del PP permitió rechazar la moción de Guanyem que pedía un servicio municipal de alquiler para atajar los arrendamientos abusivos y penalizar con un IBI más elevado los pisos vacíos. El PP cree que corresponde al Govern crear esa agencia, a la que desde el Consistorio garantizaron su apoyo, pero rechazan sancionar los pisos vacíos.

Una moción de Guanyem se transaccionó para implicar a la ciudadanía en la supresión de las bolsas de plástico antes del límite impuesto la ley, en 2018. También una declaración institucional de rechazo al intento de golpe de Estado en Turquía y la represión posterior del Gobierno. Además, estuvieron de acuerdo en la condena a la ocupación israelí en Gaza.