Carmen Fuentes Montesinos, inquilina del piso donde el pasado lunes se originó un incendio que obligó a desalojar las doce viviendas del número 28 de la calle Vara de Rey de Sant Antoni, declaró ante la Guardia Civil que J.M.S., autor confeso de los hechos y con el que ella convivía, la amenazó la noche anterior en una fuerte discusión que ambos mantuvieron. Ella pidió entonces al hombre, detenido por el fuego -después de que admitiera su autoría en una llamada al 112-, que abandonara el piso, y éste le respondió: «Si yo no tengo la casa, tú tampoco la tendrás».
Según relató ayer a este diario Fuentes, de 76 años, había cedido a J.M.S. una habitación en el apartamento en el que ella lleva viviendo 25 años. «Desde marzo lo acogí para que me ayudara con algunos gastos y me acompañara, pero desde mediados de junio la convivencia se volvió insoportable porque este individuo se empezó a orinar en la cama, llegaba constantemente borracho y se mostraba violento, con insultos tan graves que no los puedo repetir».
La inquilina explicó que descubrió que J.M.S. consumía drogas porque había dejado algunas sustancias en la ropa que echó en la lavadora, donde ella las encontró. «No podía vivir con alguien que se drogue, y desde ese momento le pedí que abandonara el piso, pero él rehusó hacerlo, y ese último día me amenazó diciendo que si él no tenía la casa, pues yo tampoco la tendría», agregó.
En esa y otras ocasiones, Fuentes Montesinos señaló que la hija de una vecina tuvo que intervenir en las discusiones porque J.M.S. se ponía tan agresivo que temía que la maltratara.
La inquilina fue compareció ayer por la mañana en el cuartel de la Guardia Civil, que investiga los hechos. J.M.S., por su parte, se negó a declarar ante los agentes, según explicaron fuentes policiales.
Fuentes Montesinos esperaba ayer frente al edificio afectado junto al resto de vecinos a la concejala de Servicios Sociales, Neus Marí, antes de acceder a los pisos que, según los técnicos, se podían volver a habitar.
Los vecinos no aceptan volver
Aunque el Ayuntamiento había informado de que a las 17 horas se levantaría el precinto de la entrada principal del inmueble, finalmente se decidió mantener cerrados tres de los apartamentos y el resto de los inquilinos se negó a volver a sus casas, por considerar que no reunían las condiciones de salubridad.
Ocho de las familias se negaron a pasar la noche allí y varios residentes discutieron con la representante de servicios sociales, alegando que la finca seguía inhabitable.
«¿Cómo puede pedir usted que me calme, cómo, si nos habían dicho que el edificio estaba ya bien?, ¿tú vivirías aquí dentro?», le preguntaba una y otra vez la hija de una de las vecinas a la concejala. «Es que no me puedo tranquilizar, porque esto es infrahumano, no hay derecho. Es una vergüenza, ¿cómo dicen que ésta es una vivienda donde se puede pasar la noche?», reclamaba la hija de otra de las desalojadas.
Mientras algunos de los afectados accedieron a sus casas para retirar algunos enseres, otros se quejaban en la escalera de que les era imposible respirar, por lo que salieron de nuevo a la calle para tratar de lograr que las autoridades locales les proporcionaran otro sitio donde pernoctar. El Ayuntamiento atendió las reclamaciones de estos afectados y se comprometió a realojarlos otros dos días más en habitaciones ofrecidas por la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif).
«Una familia marroquí con tres niñas, otra de cuatro miembros y un hombre que vivía solo son los que han pedido que se les busque un lugar hasta que puedan regresar a sus hogares», detalló Neus Marí.
La concejala comunicó, además, que un matrimonio decidió quedarse en el edificio y que el resto de residentes informaron de que continuarán en casas de amigos y familiares, por lo que no fue sido necesario buscarles alojamiento.
«El Ayuntamiento solo proporciona asistencia a los afectados, pero no le corresponde arreglar las viviendas. Los propietarios de los pisos, y las aseguradoras, son los que deben acondicionarlos para que la gente vuelva a vivir allí», indicó Marí.
