El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, defendió ayer de nuevo la moratoria que está previsto que se apruebe hoy en el Parlament y que permite desde hace doce años la construcción de urbanizaciones en suelos urbanos que carecen del servicio de alcantarillado. Ante las críticas que ha provocado esta medida (que se incluirá en el proyecto de ley de evaluación ambiental de las islas), entre ellas de Podemos, socio del Govern, y de organizaciones ecologistas, Pons alegó que es «un planteamiento sensato y realista (...) fruto del acuerdo de la Felib, los consells, el Govern y de prácticamente todas las fuerzas políticas».
El conseller, que presentó en Ibiza el proyecto de rehabilitación de la UA-27 de sa Penya, recordó que la moratoria, de cinco años de duración, «ya se ha debatido en ponencia, en comisión parlamentaria y ha sido aprobada por una amplísima mayoría». Y añadió: «¿Qué hemos hecho? Hemos convertido esta moratoria que había hasta ahora en un plan de etapas que hará que a medida que los ayuntamientos vayan cumpliéndolas podrán continuar dando licencias de obras en suelos urbanos en las parcelas que no tienen alcantarillado».
El conseller detalló que con este plan han dado «un año máximo de plazo para que los ayuntamientos tengan redactado el proyecto de alcantarillado, y dos años más para que los adjudiquen». Además, habrá «tendrán dos años para que se ejecuten estas obras» y dotar a estos suelos urbanos de alcantarillado.
12 años sin actuar
Pons criticó que durante 12 años que dura la moratoria, los diferentes gobiernos regionales han sido incapaces de dar una solución a esta problemática: «[En este tiempo] hemos aprendido que una nueva moratoria sin hacer nada más no ayudará a solucionar el problema de fondo. Se ha abierto un debate dentro del Parlament en el que el Govern ha participado activamente».
Fruto de este diálogo, apuntó, el Ejecutivo «ha buscado una fórmula para dar respuesta definitiva a esos suelos urbanos que no tienen alcantarillado para que lo puedan tener. Sin que esto impida que los ayuntamientos puedan continuar otorgando» licencias en estos suelos sin infraestructuras, señaló.
Mientras tanto, los diez diputados de Podemos en el Parlament votarán en contra de prolongar esta moratoria. Lo confirmó ayer el parlamentario ibicenco Aitor Morrás, que además se mostró muy crítico con el Govern. Señaló que la moratoria afecta a «casos muy puntuales en Mallorca» pero que en Ibiza hay localizadas «41 urbanizaciones que se podrán seguir construyendo sin infraestructuras».
No entienden al Govern
Además de recordar que esta moratoria colisiona con la normativa europa, Morrás consideró que su aplicación «escapa de la lógica» en unas islas «al límite» en cuanto a presión urbanística. «Tenemos un problema grave de territorio y [la moratoria] desde luego no ayuda a solucionarlo». «No entendemos demasiado la postura» del Govern, sentenció.
