El Cuerpo Nacional de Policía está investigando las supuestas extorsiones que diez empresarios de la isla, parte de ellos del sector de la construcción, sufrieron a manos del grupo que la semana pasada fue desarticulado en la isla en una gran operación contra el blanqueo de capitales dirigida desde Madrid. Tan sólo uno de estos empresarios denunció la presunta extorsión. Lo hizo el año pasado ante la Guardia Civil, informaron fuentes conocedoras de la investigación.
Los investigadores han tenido noticia del resto de las presuntas extorsiones a través de las escuchas telefónicas a las que fue sometido el grupo bajo la autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Al parecer, algunos de estos empresarios presuntamente extorsionados realizaron trabajos de construcción para algunos de los miembros del grupo desarticulado el pasado jueves. A este grupo se le imputan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, cohecho a policías locales, coacciones y amenazas.
Entre las doce detenciones que practicaron ese día en la isla los agentes de la Udyco, la Brigada Central de Crimen Organizado, y el Grupo de Investigación Patrimonial de la UDEF, apoyados por especialistas del GEO (Grupo Especial de Operaciones), se encuentra un agente de la Policía Local de Sant Josep, a quien se atribuye la comisión de un presunto delito de cohecho.
El Ayuntamiento confirmó ayer la detención del agente, pero explicó que por el momento se desconocen los términos concretos de la acusación, por lo que no se han tomado medidas preventivas contra el mismo. Una vez que se conozcan exactamente los detalles del presunto delito que se le atribuye, el Ayuntamiento adoptará una decisión sobre el policía, explicó ayer la concejal de Gobernación de Sant Josep, Paquita Ribas.
El jueves de la semana pasada la Policía Nacional detuvo a doce personas en la isla fruto de la investigación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Según las pesquisas, este grupo habría blanqueado en Ibiza 15 millones de euros.
El día de la operación, bautizada como Cardón, la Fiscalía indicó que esta intervención fue fruto de una investigación sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a la que se le atribuyen, además, extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos. De los doce detenidos, siete quedaron libres tras declarar ante la Policía Nacional, entre ellos el agente de la Policía Local de Sant Josep.
Los otros cinco comparecieron en la Audiencia Nacional. Fueron interrogados por el juez Santiago Pedraz, que ordenó el ingreso en prisión de Pierre Konrad Dadak y su expareja, la ucraniana Katerina Dirgina, a los que los investigadores creen jefes de la trama, según informó la Audiencia Nacional. Dadak es un empresario y exmilitar de nacionalidad francesa y origen polaco con intereses en España y Reino Unido. Al parecer, también estuvo acreditado como diplomático en un país africano.
Según las investigaciones de la Policía, esta red dedicada al blanqueo de dinero de procedencia criminal ha invertido los 15 millones de euros en España mediante un entramado empresarial con personas interpuestas. En Ibiza los GEO realizaron varios registros, uno de ellos en una mansión de Caló d’en Real, en el municipio de Sant Josep, en la que al parecer residen varios de los sospechosos y en la que los agentes tuvieron que emplearse a fondo, según fuentes de la investigación.
Vehículos de lujo
Al parecer, en un primer momento las personas que había en el interior de la casa no se entregaron voluntariamente, lo que obligó a los agentes del GEO a romper los cristales blindados de varias ventanas. También realizaron al menos un registro en una vivienda de Sant Jordi. La Policía Nacional requisó varias armas automáticas y cuatro vehículos de lujo: un Lamborghini, un Bentley, un Maserati y un Rolls Royce. Dos de estos vehículos, el Maserati y el Bentley, con matrículas de Guinea Bissau, son los mismos cuyos conductores fueron multados por agentes de la Policía Local de Vila el pasado 28 de abril por aparcar indebidamente en una zona reservada a carga y descarga de la calle Canarias y que, finalmente, tuvieron que ser inmovilizados porque carecían de permiso de circulación. Los dueños de los coches tardaron bastantes días en sacar los vehículos del depósito municipal, ya que tuvieron que realizar los trámites para poder circular por España mediante una solicitud de importación temporal a la Dirección General de Tráfico.
Ahora, estos dos vehículos, valorados en más de 300.0o0 euros, han regresado al depósito junto con el Rolls Royce y el Lamborghini.
