El Govern no aprobará medidas en materia lingüística que no hayan sido consensuadas con el sector privado, y «mucho menos que puedan condicionar la apertura de negocios o de comercios por ningún tema lingüístico». «Eso [el Govern] no se plantea, fomentar el uso social de la lengua catalana no implicará en ningún caso ninguna imposición al sector privado», reiteró en rueda de prensa tras el Consell de Govern Pilar Costa, la portavoz del Ejecutivo balear. Costa se refirió a las propuestas del plan de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana que se refieren a una normativa específica para garantizar el uso del catalán en las empresas privadas.
«Nuestra lengua ni es, ni ha de ser, ni será ningún problema en esta tierra, es un elemento de cohesión; por lo tanto, todas las medidas de fomento en positivo que el Govern pueda hacer, las hará», afirmó Costa, que aclaró que se trata de un documento de trabajo elaborado en ponencia y que se elevó al plenario del Consell Social de la Llengua Catalana, del que forman parte, además del Govern, diversas entidades sociales, sindicatos y partidos políticos, entre otras.
El objetivo de una mayor implantación social de la lengua catalana es compartido por el Ejecutivo balear, indicó Costa, quien recordó las «actuaciones muy positivas» a favor del fomento del catalán en Balears que se han llevado a cabo en este primer año de gobierno del pacto.
Señaló que las actuaciones concretas que se proponen en el documento «se tendrán que valorar en cada caso», y que «la intención del Govern es que todas las medidas que se tomen se tomen en positivo». En este contexto, puso «en valor la recuperación del texto de ley de normalización lingüística» sobre el que existía un consenso desde 1986.
Insistió en que «en ningún caso» el Ejecutivo autónomo aprobará medidas que impliquen al sector privado que no hayan sido consensuadas, y que «puedan condicionar la apertura de negocios o comercios por ningún tema lingüístico».
La portavoz señaló que el Govern comparte los objetivos que persiguen la mejora de la implantación del catalán, pero «otra cosa es cómo se llega a esos objetivos». En este sentido, el centenar de actuaciones concretas que se proponen «se tendrán que valorar en cada caso» por parte de las conselleries que las tengan que implementar, matizó.
Por otra parte, el Govern autorizó ayer a la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a tramitar el convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de estadística agraria, ganadera y de pesca para el año 2016. El documento se tiene que elevar al Consell de Govern para que lo autorice, dado que se trata de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado.
El objetivo es establecer una acción conjunta en la recogida de información en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas industriales y mercados de productos agrarios. Mediante este convenio el Ministerio aporta a la conselleria 22.062 euros, una vez haya comprobado los trabajos que se han llevado a cabo, y no comporta ningún gasto para la Comunitat Autònoma, que sólo aporta los medios materiales y humanos necesarios para elaborar las operaciones estadísticas acordadas.
El convenio de cooperación, que se enmarca en otro más amplio para el periodo 2014-2016, estará vigente desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de este año.
De la misma manera, el Govern aprobó la creación de la Comisión de Supervisión, Análisis y Propuesta de Reestructuración del Sector Público Instrumental de la Comunitat. La razón que motiva la creación de esta comisión es el cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que prevé que todas las administraciones públicas establezcan un sistema de supervisión continua de sus entes dependientes.
