Sólo dos empresas que ofrecen servicios de mediador turístico se han registrado en el Consell de Ibiza en cumplimiento del decreto (20/2015) que regula el desarrollo de la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears. Sin embargo, el director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, resalta que hay «más de un centenar» que ofrecen estos servicios en la isla, según los listados de webs que ha obtenido la institución. Los mediadores turísticos se encargan de gestionar excursiones (en barco, por ejemplo), visitas guiadas u otro tipo de servicios análogos que tengan la consideración de viajes combinados, tal como especifica el decreto.
Torres lamenta que pese a «las acciones» emprendidas desde el Consell esta actividad se desarrolle sin ningún tipo de regulación ni control por parte de la Administración. La ley obliga a presentar una declaración responsable de inicio de la actividad turística (sólo dos empresas lo han hecho) con lo que a su vez se inicia el procedimiento de inscripción en el registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos. La Administración tiene que verifciar el cumplimiento de los requisitos.
El Consell remite requirimientos a los que ofrecen servicios de este tipo sin regularizar para informarles de que tienen la obligación de registrarse, pero de momento sin resultados. «Personalmente yo he hecho alguna gestión y ponen muchas excusas», explica el director de Turismo.
Nueve ´Party Boats´ registrados
Las empresas que explotan los llamados Party Boat o las de alquiler de vehículos, entre otras, también tienen la obligación de presentar la declaración responsable de inicio de actividad y hasta ahora, según Torres, lo han hecho nueve y 53, respectivamente.
Por otra parte, el departamento de Turismo del Consell ha resuelto desde el pasado 1 de enero un total de 770 expedientes de todo tipo, «una cifra significativa», según destaca Torres, que «supera» la actividad del mismo periodo del año anterior, aunque el director insular de Turismo no concreta en cuánto.
Del mismo modo, Torres señala que se ha reducido, sin especificar tampoco en que proporción, «el colapso» que según denunció en el pleno del pasado mes de diciembre la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, padece el departamento de Turismo con 6.000 expedientes pendientes de tramitación por falta de personal, sobre todo de solicitudes de legalización de viviendas vacacionales. Torres señala que el Consell no dispone de «una herramienta informática» para conocer el número exacto de expedientes atascados y que se deben contar uno a uno.
El director de Turismo reconoce que sigue habiendo «un atasco muy grande» en lo que se refiere a las viviendas vacacionales ya que actualmente se están tramitando las solicitudes presentadas hace tres años (junio de 2013), según Torres. En lo que llevamos de año se han presentado 183 peticiones más, que se ponen a la cola.
«El grito en el cielo»
El director de Turismo destaca que se puso «el grito en el cielo» sobre «el colapso» porque desde que se presenta la declaración responsable hasta que se tramita el expediente y se inspecciona que la vivienda cumple las condiciones que marca la ley pasa mucho tiempo en los que se puede funcionar con irregularidades. «Hay casos en los que se deniega la solicitud», remarca.
En todo caso, considera que en general el atasco de expedientes en el departamento de Turismo «ha mejorado» y espera que «en las próximas semanas mejore aún más», no sólo por la incorporación de nuevos trabajadores sino también por «el refuerzo puntual de funcionarios de otros departamentos de la institución».
Torres destaca «el esfuerzo» de la plantilla para sacar adelante el trabajo acumulado. Así, señala que desde el 1 de enero han pasado 1.300 documentos por el registro de entrada y 1.290 por el de salida, lo cual muestra «el buen trabajo» hecho. Estas cifras también son «más elevadas» que la del primer semestre del año, según el director de Turismo, pero tampoco especifica en qué porcentaje.
En cuanto a la actividad sancionadora, en el primer semestre de este año se ha resuelto la imposición de 22 sanciones, más 38 propuestas de multa, a lo que se suman 23 resoluciones de inicio de expediente y seis recursos. «Es un volumen importante», afirma.
