Los responsables de Amnesia no olvidarán fácilmente la semana que hoy acaba. Dos noches en el calabozo no deben ser lo mismo para un presunto cualquiera que para alguien acostumbrado a una vida de lujo y a que el mundo entero orbite en torno a su presencia. Estos aristócratas de la noche ibicenca, que dirigen una de las discotecas de más renombre en el mundo, vivieron su peor pesadilla cuando el jueves, en el despacho de la juez de guardia, con las muñecas esposadas y más de 57 horas en calidad de detenidos, escucharon la petición de la fiscal: «Prisión incondicional sin fianza».

Tampoco ha sido ésta la mejor semana para Privilege y Space, que el jueves vieron cómo decenas de funcionarios de la Agencia Tributaria se presentaban en sus oficinas para una superinspección fiscal que se llevó a cabo en 87 discotecas de todo el país al mismo tiempo. Un asunto administrativo que nada tiene que ver con el caso de Amnesia, que ya tiene trascendencia penal y cuyo desenlace aún está por llegar.

El miércoles, cuando los responsables de Amnesia fueron conducidos al juzgado y la fiscal formuló su petición, el tiempo se congeló dentro de la sala. Los acusados y sus abogados contuvieron la respiración. No podían creer lo que acababan de escuchar. Cuando la Fiscalía pide prisión, lo más normal es acabar en prisión, con o sin fianza. El tiempo que transcurrió entre la petición de la fiscal y la resolución de la juez debió parecerles una eternidad al dueño de la discoteca y su hijo, Martín y Martí Ferrer, su apoderado en muchas de sus empresas, David de Felipe, y el contable del establecimiento, Vicente Pérez de Montis. Por un momento parecía que la pesadilla se iba a convertir en realidad.

No fue así. La juez dictó auto de libertad con cargos. La primera en abandonar la sala fue la fiscal. Después la juez con dos funcionarios. Todos ellos bastante cariacontecidos. Después salieron los acusados, ya sin esposar y con el rostro al descubierto. Ni una palabra. Tan sólo David de Felipe habló brevemente para protestar por lo que calificó de «linchamiento mediático».

Pero no son cuatro sospechosos cualesquiera, ya que Amnesia, aunque se trate tan solo de una sala de fiestas, es toda una institución en una isla que es capital mundial de la música electrónica, el hippismo y el lujo sin complejos, y representa un elemento importante de proyección de la marca ´Ibiza´. No en vano tiene entre las estrellas de sus espectáculos a celebridades como Paris Hilton, famosa de profesión, que con su trabajo de dj en la fiesta ´Foam & Diamonds´ de los sábados en Amnesia, atrae también la atención global sobre la isla. Con esta mochila a la espalda, la detención de la ´cúpula´ de Amnesia tenía una trascendencia global. Y así fue, porque medios informativos de todo el mundo se hicieron eco de ella.

No obstante, a De Felipe no le faltaba parte de razón al quejarse del linchamiento mediático si se refería a algunos importantes medios de ámbito nacional que se apresuraron a publicar en sus ediciones digitales que la Guardia Civil estaba desarrollando una operación contra el tráfico de drogas en Amnesia, lo cual no era cierto. La razón de la irrupción en la discoteca y las detenciones era una presunta evasión fiscal.

Una denuncia anónima enviada en 2014 a la inspección de Hacienda y a la Fiscalía de Balears, dirigida fundamentalmente contra un antiguo responsable financiero del grupo Amnesia llamado Josep Aymar Ragolta, desencadenó la operación. La denuncia ofrece tal lujo de detalles que los investigadores tienen pocas dudas de que los autores de la misma son empleados de la propia empresa con acceso a información sensible y que estaban al corriente de las presuntas irregularidades.

Una estimación preliminar de la Agencia Tributaria calcula que en 2012 y 2013 la discoteca pudo defraudar «como mínimo» casi 5 millones de euros.

La operación contra Amnesia ha generado indignación en varios ámbitos, entre ellos el judicial, y en concreto por la diferencia de criterios entre la Fiscalía y la juez de guardia, ya que mientras la primera pidió prisión incondicional, la segunda decretó libertad sin fianza, si bien obligó a los cuatro detenidos a presentarse en el juzgado el día 1 de cada mes, les prohibió salir del país sin permiso judicial y les retiró el pasaporte.

El juzgado también ha bloqueado un total de 16 inmuebles pertenecientes directa o indirectamente a Martín Ferrer, de forma que ninguna de estas viviendas, locales o solares podrán ser vendidos o traspasados. El juzgado los inmoviliza por si algún día la justicia tiene que echar mano de ellos para hacer frente a posibles responsabilidades de los encausados.

Otros de los detalles de la operación contra Amnesia también causaron indignación en algunos sectores del ámbito policial, que consideraron improcedente la utilización de un helicóptero por parte de la policía judicial de la Guardia Civil de Mallorca y la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid para tomar a toda velocidad las oficinas de Amnesia.

También motivó críticas que los agentes de la Guardia Civil de Mallorca y Madrid dejaran de lado a sus compañeros de Ibiza durante la operación. Los agentes de Palma habilitaron una estancia en el cuartel de Can Sifre para almacenar la documentación y el dinero intervenido en los registros de Amnesia -al menos dos millones de euros que han quedado en depósito por si, al igual que los inmuebles, deben ser utilizados para cubrir posibles responsabilidades tributarias-. Los agentes de la Guardia Civil de Mallorca cambiaron la cerradura de esta habitación para asegurarse de que nadie más que ellos pudiera entrar. Eso, y que la operación contra los responsables de la discoteca se mantuviera prácticamente al margen de Ibiza, ha generado cierta desconfianza entre algunos agentes de Palma y de Ibiza.

Sin embargo, no se puede obviar que al menos tres agentes retirados que formaron parte de la plantilla de la Guardia Civil de Ibiza trabajan en la actualidad para Amnesia de forma absolutamente legal. Al parecer, se encargan de la seguridad y de los traslados de dinero en efectivo.

La operación de esta semana contra Amnesia también ha hecho recordar a mucha gente en la isla que la actitud de los responsables de la discoteca no siempre ha estado a la altura de la circunstancias.

Durante años Amnesia ha mantenido un pulso constante con el Ayuntamiento de Sant Antoni, obviando en muchas ocasiones la hora de cierre. El pasado año este conflicto alcanzó el límite. A finales de septiembre y principios de octubre la discoteca incumplió reiteradamente la obligación de cerrar a las seis de la mañana y en varias jornadas casi seguidas alargó su actividad. Al menos un día llegó a cerrar a la una del mediodía, siete horas más tarde de la hora límite permitida. Sant Antoni tramitó contra el local 31 expedientes de infracción (16 de 2014 y 15 de 2015) que concluyeron en sanciones por valor de 102.000 euros. Mucho antes, en 2005, Amnesia también colmó la paciencia de la dirección insular de la Administración del Estado, entonces en manos del socialista José Manuel Bar. Ese año la discoteca fue clausurada por la Delegación del Gobierno por su «permisividad» en la venta de droga.