Con sólo un año de gestión, el equipo de gobierno del Consell de Ibiza, formado por PSOE y Podemos-Guanyem, apenas ha tenido tiempo para mostrar señal alguna del «cambio profundo» anunciado por el presidente, Vicent Torres, en su discurso de investidura del 3 de julio del año pasado. Desde entonces sí ha habido margen suficiente para que los dos socios políticos evidencien y exhiban en público sus diferencias políticas, fundamentalmente en política de movilidad, la mayor amenaza para la estabilidad.

El punto de inflexión del tercer mandato progresista en el Consell se produjo el pasado 29 de abril, cuando Podemos-Guanyem reventó el pacto con un furibundo ataque al PSOE a cuenta de la política de movilidad y «la falta de cumplimiento» de los acuerdos de gobierno sobre transporte público. Ese día Podemos-Guanyem votó en contra de la aprobación del Plan Director Sectorial de Carreteras, lo que obligó al PSOE a apoyarse en el PP para sacar adelante la iniciativa, imprescindible para aprobar luego el proyecto de desdoblamiento de Ca na Negreta y la variante de Jesús.

Y no quedó ahí la cosa. Podemos-Guanyem presentó en ese mismo pleno una moción en contra del equipo de gobierno del que forma parte (para evidenciar la falta de quorum sobre transporte público), algo que «nunca se había visto antes», según destacó la consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, que se ha convertido en el centro de la diana de las críticas de sus socios de gobierno.

Precisamente, las diferencias entre la socialista Pepa Marí y el coordinador de Movilidad, Gianandrea di Terlizzi, de Podemos, que se incorporó a su puesto a principios de año pese a que su nombramiento se pactó tras las elecciones locales de mayo de 2015, alentaron en parte la crisis interna que desembocó en ese aciago pleno, en el que en hasta en tres ocasiones distintas los dos socios de gobierno votaron en contra de los intereses del otro. El presidente dijo tras el pleno que no le parecía ético lo sucedido y que esperaba que no se volviera a repetir. Sin otra alternativa política posible, PSOE y Podemos se reunieron dos días después para limar asperezas y pasar página. Podemos se comprometió a evitar las exhibiciones pública de las desavenencias entre los dos grupos.

Un mes antes, en el pleno del 1 de abril, Podemos-Guanyem se negó a votar a favor (se abstuvo) del convenio con el Ayuntamiento de Eivissa para la apertura del Cetis. El PP también tuvo que acudir al rescate de los socialistas para facilitar su aprobación. Se abstuvieron, pero si hubieran optado por votar en contra, no habría convenio. Tras la firma del convenio se anunció que la estación de autobuses se abriría en verano, pero ya se ha aplazado «sin fecha», según Pepa Marí.

La política de movilidad ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de gobierno. La demora de las obras del acceso viario a Jesús, cuya ejecución se ha prolongado más de seis meses (por el hallazgo de un yacimiento arqueológico y una serie de imprevistos) cuando el plazo de ejecución era de sólo 45 días, ha supuesto otro desgaste importante.

Aunque estaba pactada de antemano, la polémica consulta sobre el proyecto de ampliación de la carretera de Santa Eulària hasta Can Clavos también evidenció las diferencias entre los socios de gobierno. Mientras el PSOE defendía que se trataba de un trámite sin consecuencia alguna, puesto que la ejecución del proyecto sometido a votación era incuestionable, Podemos-Guanyem sí sostenía que la consulta era vinculante. Afortunadamente para el PSOE, el resultado de la votación fue contundente, con un 83% en favor del proyecto, y Podemos-Guanyem cumplió su palabra y, pese a estar en contra, votó a favor de su aprobación definitiva. La previsión es que a principios del año que viene arranquen las obras.

El Plan de Carreteras y el proyecto viario de Ca na Negreta, actuaciones pendientes desde hace más de una legislatura, son dos de los asuntos de mayor calado que han pasado por el pleno de la institución en este primer año. De hecho, en muchos meses el orden del día de los plenos estaba vacío de contenido, con asuntos de puro trámite. En el último, hace dos viernes, en el que se dio cuenta de la liquidación del primer presupuesto del gobierno progresista hasta el 31 de mayo, el PP criticó que sólo se haya ejecutado el 20% de las previsiones de gasto. «Gobernar no es sólo pagar nóminas y gastos de luz y teléfono, sino ejecutar inversiones», advirtió el portavoz del PP, Mariano Juan, quien sustituye en el puesto a Vicent Serra después de que este dejara el Consell al no ser compatible con su trabajo de médico en Cas Serres.

Otro momento amargo del gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem se produjo durante el pleno del 26 de febrero, con el estruendo de los gritos de protesta de un grupo de 40 personas en el exterior de la institución por el sacrificio a tiros de las cabras de es Vedrà. Pese a ser una competencia del Govern, el presidente del Consell se vio obligado a pedir «disculpas» por «las sensibilidades heridas».

Diferencias sobre el PTI

Torres ha tenido que lidiar con los trabajadores del hospital residencia de Cas Serres, que recientemente se concentraron frente a la sede del Consell para reivindicar que no se pierda la atención sociosanitaria en el centro; o en octubre pasado con los taxistas y transportistas, quienes reclamaban que cese la actividad de los ´piratas´.

También hubo tensión a finales de enero cuando casi 400 personas (la mayoría trabajadores de la construcción, buena parte parte enviados por sus capataces) se manifestaron frente al edificio del Consell en contra del decreto urbanístico del Govern balear que impide ahora la edificación en ANEI y que ha dejado en suspenso la amnistía urbanística del PP.

La reforma del Plan Territorial Insular (PTI) es otro motivo de fricción interna, aunque en principio aún no se ha abierto el debate. En su mensaje de año nuevo, el presidente anunció que en los siguientes meses se iba a abrir «el proceso participativo y de consenso» para revisar el modelo territorial, pero todavía no hay noticias de ello. Hasta ahora sólo han aflorado las diferencias que mantienen los dos grupos que gobiernan sobre el alcance de la reforma del PTI; es decir, si se debe permitir la edificación de viviendas en suelo rústico o no.

Entre los logros del gobierno figura la reapertura de la oficina de la vivienda en el Consell, aunque su gestión depende del Govern. También ha conseguido que se unifiquen el servicio de GPS en los taxis, un asunto que estaba enquistado.

La gestión del agua y Sa Coma

El compromiso del PSOE (hizo bandera de ello en campaña electoral) de asumir la gestión íntegra del agua, también destacado en el debate de investidura, ha echado a andar con la constitución de la mesa técnica que debe estudiar las condiciones de este traspaso.

La gran apuesta para reconvertir las instalaciones de Sa Coma en un espacio multiusos, fundamentalmente un campus universitario, está aún verde porque depende de la obtención de financiación externa, como los fondos estatutarios.

La puesta en marcha de la ecotasa, aunque depende del Govern balear, también ha dejado huella en el Consell, que ha aceptado que el 13% (Podemos forzó en el Parlament que se fijará un porcentaje de reparto para cada isla) de la recaudación se reinvierta en la isla, cuando inicialmente el presidente consideraba que lo justo era que se recibiera el 20%, que es el peso turístico de Eivissa en Balears.