La construcción de la nueva zona verde de Can Burgos, que abarca una superficie de 20.000 metros cuadrados y que estaba pendiente desde hace dos décadas, ha supuesto un coste aproximado de 750.000 euros para los propietarios de los terrenos de la urbanización. También se han subsanado diversas deficiencias de las calles de los alrededores. Los técnicos de Sant Josep ya han informado favorablemente a la recepción de las obras, que se aprobará en el pleno del jueves.
Al retirar las vallas de seguridad que impedían el acceso al parque, los operarios dejaron algunas varillas de hierro que servían de apoyo pese al peligro que suponen. También dejaron parte de las bases de hormigón de las vallas. El concejal de Obras y Agua de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, aseguró ayer que estos elementos «deberían estar retirados» y que iba a ordenar que se hiciera de inmediato. Poco después, este diario (ver imágenes) pudo comprobar como una persona cortaba estos elementos peligrosos. Al estar las varillas fuertemente sujetas (la constructora elevó el terreno en esta zona tras colocar las varillas y después compactó la tierra con una apisonadora), se tuvo que cortar la base con una radial y dejar enterrada parte de las mismas.
Guerrero asegura que cuando los técnicos inspeccionaron el parque para comprobar que todo se había hecho correctamente aún no se habían retirado las vallas de protección del perímetro. «La inspección se hace con el recinto cerrado», justificó a la hora de explicar por qué los técnicos no habían advertido del peligro de los hierros.
Esta zona verde forma parte del proyecto de urbanización de Can Burgos aprobado en el año 1995. Pese a que la junta de compensación (formada por los propietarios de los terrenos) no ejecutaron la zona verde ni culminaron la urbanización previa de la zona, el Ayuntamiento autorizó su desarrollo.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears declaró nula a principios de este año la licencia de instalación del supermercado de la cadena Mercadona aprobada por la Junta de Gobierno de Sant Josep en noviembre de 2011. El tribunal estimaba así el recurso del difunto Alejandro Montoliu, empresario con intereses en el sector, al entender que, sin la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento, el solar donde se construyó el supermercado no podía tener la calificación de «suelo urbano consolidado», condición indispensable para la autorización de una gran superficie comercial según la ley de ordenamiento de la actividad comercial en Balears.
Legalización del supermercado
Para resolver este problema y legalizar el supermercado, la promotora de la urbanización inició a la carrera a principios de marzo las obras de la zona verde proyectada desde 1995 y la rectificación de las deficiencias de urbanización que hace años advirtieron los técnicos municipales.
En concreto, en 2010, nueve años después de que la promotora solicitara al Consistorio por primera vez la recepción de la urbanización de Can Burgos, la arquitecta y el ingeniero técnico municipales emitieron dos informes en el que señalaban que la red de saneamiento (y algunas canalizaciones de abastecimiento de agua) no se correspondían con la trazada en los planos del proyecto de urbanización, que faltaban pozos de registro y que tampoco se habían ejecutado siete cámaras de descarga previstas.
Además de la falta de finalización de los tramos de algunas calles (se han tenido que ensanchar aceras y mover farolas que impedían el paso de los viandantes), los técnicos advirtieron de que un vial, que ahora se ha tenido que eliminar, invadía el espacio previsto para zona verde. Los técnicos consideran que se han subsanado las deficiencias. A petición de la promotora y para legalizar cuanto antes el supermercado, el pleno del Ayuntamiento aprobó en abril una recepción parcial de la urbanización, fundamentalmente la parte que afectaba a la licencia anulada.
