Un grupo de decenas de trabajadores y familiares de usuarios del hospital residencia asistida de Cas Serres se concentraron ayer frente a la sede del Consell de Ibiza para reivindicar que se mantenga el servicio hospitalario. Hace una semana los trabajadores entregaron un manifiesto en la sede de la institución insular con 120 firmas en el que expresaban su «preocupación» por «la amenaza» de que Cas Serres deje de prestar el servicio de hospital por falta de financiación y por ser una competencia que no le corresponde al Consell.
La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, y la consellera insular de Bienestar Social, Lydia Jurado, bajaron a la calle para hablar con los afectados y les expresaron la voluntad del equipo de gobierno de «hacer todo lo posible», según explicó una de las trabajadoras de Cas Serres, «para solucionar el problema y que Cas Serres mantenga el servicio de hospital».
«Que baje el presidente»
No contentos con las explicaciones de las representantes de Podemos en el equipo de gobierno, los trabajadores exigieron también hablar con el presidente, Vicent Torres. Inicialmente, se les ofreció la posibilidad de que una representación de las personas concentradas subieran al despacho del presidente para conversar con él, pero se negaron a ello y exigieron que, al igual que De Sans y Jurado, también Torres bajara a la calle. Los gritos de que «baje el presidente» surtieron efecto y Torres se personó en la puerta de la sede de la institución, acompañado por la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, para conversar con los trabajadores del centro sociosanitario.
Los manifestantes reclamaron al presidente que «agote todas posibilidades para obtener la financiación necesaria y mantener el servicio de hospital en Cas Serres». Noemí Ramon, que actuó de portavoz cuando se entregó el manifiesto con las firmas en el Consell, explicó a este diario que los trabajadores se ven obligados a movilizarse porque «no hay una respuesta clara» a su reivindicación.
Participación en las reuniones
El presidente accedió a que un representante de la plantilla de Cas Serres participe en las reuniones que se mantienen para tratar el futuro de Cas Serres al objeto de que obtenga «información inmediata y fidedigna sobre la situación».
Por el momento, los trabajadores contemplan organizar concentraciones en las puertas de Cas Serres para que este asunto «no se olvide». El próximo 8 de julio prevén también entregar tanto al Consell como al Govern balear, administración a la que le compete la gestión hospitalaria, las firmas que están recogiendo en apoyo de su reivindicación. Por el momento ya cuentan con 2.500, según Ramon.
A través de un comunicado, el Consell informó de que el presidente entiende la preocupación de los trabajadores y que les garantizó que «no dará ningún paso atrás en lo que concierne a servicios sanitarios y de atención a la dependencia». Por su parte, la consellera de Bienestar Social recordó que anualmente se destinan siete millones al hospital Cas Serres y que el compromiso del Consell con esta infraestructura es «máxima». «La semana pasada ya dije, y ahora me reafirmo, que mientras yo sea consellera no se dejará de ofrecer ningún servicio», indicó.
A finales de noviembre del año pasado, Jurado dijo que a partir de 2018 Cas Serres dejaría de funcionar como hospital (sólo lo haría como residencia) por la llamada ley Montoro que impide a una Administración la gestión de una competencia impropia sin la suficiente dotación económica. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y sostiene que luchará para que «este recurso esencial se mantenga, ya sea bajo la gestión del Consell o del Govern balear».
