El tribunal de lo Contencioso Administrativo de Palma fue escenario anteayer del juicio relacionado con el derribo del complejo turístico ilegal de Casa Lola, en el municipio de Sant Josep, que la propiedad ha recurrido.
Los hechos arrancan en 2010, cuando un celador municipal confirmó la ilegalidad de las obras y el Ayuntamiento abrió el correspondiente expediente, que culminó en una orden de demolición para casi toda la finca.
El Consistorio pidió el derribo como medida cautelar, pero el juzgado lo denegó, con lo que deberá esperarse a que se produzca una sentencia definitiva.
En la vista oral de anteayer -que se produce seis años después de que se iniciara el expediente municipal- la dueña, Francisca Sánchez Ordóñez -encarcelada por otros delitos urbanísticos-, y su hija declararon por videoconferencia y se limitaron a contestar «no lo sé» a todas las preguntas del abogado municipal.
Ahora, los abogados de la defensa y de la acusación deberán enviar sus conclusiones al juez, que después deberá dictar sentencia, dando validez o no a la orden de demolición.
El alcalde, Josep Marí Ribas, expresó su «sentimiento agridulce» ante la celebración de la vista, puesto que supone al fin el inicio de los trámites judiciales, pero al mismo tiempo se produce con gran retraso. «Llega un momento en que el Ayuntamiento ya no puede hacer nada más; es el poder judicial el que ha de actuar», señaló Marí Ribas en una nota de prensa.
Por otra parte, el Ayuntamiento finalizó en 2013 otro expediente por estas mismas obras y en él volvió a ordenar el derribo de las mismas, pero también fue objeto de recurso por la propiedad. Además, la dueña de Casa Lola tiene abierta una denuncia penal por haber roto precintos policiales.
