La actuación del magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, Juan Carlos Torres, y de la ex secretaria judicial Francisca Martínez en relación a la tramitación de la causa de Sara Calleja está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), respectivamente, para determinar si merece algún tipo de «reproche disciplinario».

En el caso del magistrado, ya se han abierto diligencias informativas «que pueden acabar o en un expediente disciplinario en el archivo» de las mismas, mientras que en el caso de la exsecretaria -figura denominada actualmente letrada de la Administración de Justicia- se está ya un paso más avanzado y se está instruyendo el expediente disciplinario, que podría finalizar o no en sanción, según han informado a este periódico fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sara Calleja se quitó la vida el pasado mes de julio «inducida» por su maltratador, según determinaron los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía. Era víctima de violencia machista desde hacía años, había interpuesto hasta 17 denuncias contra su maltratador, que estaba incluso condenado y no podía comunicarse con ella, pero el acoso que sufría no cesaba.

Denuncias que no se tramitaron

De esas denuncias, dos las presentó en Ibiza y, según se descubrió tras su muerte, no habían llegado a tramitarse. La primera la interpuso en comisaría en el mes de mayo de 2015 y llegó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer el día 19. Entonces, el magistrado titular ordenó «a la oficina judicial, a quien correspondiera de la oficina, que se incoara y diera traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la competencia» de este caso, dado que ya había denuncias anteriores en León y lo habitual en estas situaciones era inhibirse allí.

El juez, sin embargo, causó baja dos días después y, al parecer, la orden dada no llegó a ejecutarse. La segunda de las denuncias se presentó también en comisaría de Ibiza y llegó al juzgado en el mes de junio.

Tras la muerte de Sara Calleja, el Juzgado de Instrucción número 4, que se encontraba de guardia, hizo constar que estas denuncias «no estaban tramitadas» y ordenó «su tramitación, y que se instruyeran las diligencias correspondientes». Según fuentes conocedoras de lo sucedido, ambas denuncias aparecieron «en secretaría», en el despacho de la secretaria judicial, donde al parecer había más expedientes «guardados».

A raíz de estas irregularidades, vividas en el marco de un grave conflicto interno en la oficina judicial de esta instancia, con denuncias entre funcionarios y la exsecretaria y la baja de hasta cinco de los trabajadores, el CGPJ hizo «una inspección presencial extraordinaria» en el juzgado. Hasta cuatro inspectores se desplazaron a Ibiza durante los días 12 y 13 de noviembre y se entrevistaron con el magistrado, la actual secretaria y los funcionarios, al tiempo que revisaron los procedimientos tramitados y en trámite.

El resultado de la inspección

Según fuentes oficiales del CGPJ, como resultado de esa inspección se acordó remitir el acta de la misma «al promotor de acción disciplinaria del CGPJ, por si la actuación del magistrado titular de la citada causa mereciera reproche disciplinario», así como «a la secretaria de Gobierno del TSJB, por si la actuación de la letrada de la Administración de Justicia -cargo que antes se denominaba secretaria judicial- mereciera reproche disciplinario».

En lo correspondiente al magistrado, las citadas fuentes explicaron que una vez recibida el acta, «el promotor de acción disciplinaria acordó el pasado 16 de febrero la apertura de diligencias informativas». En el marco de esas actuaciones, se «ha solicitado y recibido ya un informe del magistrado titular del juzgado, así como testimonio de las actuaciones», es decir, una copia de todo el procedimiento.

«Con estos elementos, el promotor debe decidir, que todavía no lo ha decidido, si incoa expediente disciplinario al magistrado en caso de apreciar que hay materia disciplinaria o si por el contrario archiva las diligencias informativas», señalan las citadas fuentes.

En el caso de la letrada de la Administración de Justicia, se da la circunstancia de que antes de recibir este acta la secretaria de Gobierno del TSJB «ya había abierto una información previa», concretamente en septiembre del pasado año. «Dentro de esta información previa se había realizado una inspección de la actuación de la letrada», apuntan las mismas fuentes del CGPJ, quienes agregan que a raíz de esa inspección en el mes de diciembre del pasado año se abrió un expediente disciplinario, que actualmente se encuentra «en fase de instrucción».

«Con ese expediente disciplinario abierto llegó la recomendación de inspección del CGPJ», destacan las mismas fuentes, que aclaran que no ha sido necesario, por tanto, abrir uno nuevo pues ya había uno en marcha.

En el marco de la instrucción del expediente a la letrada de la Administración de Justicia, que cesó en julio de su puesto en Ibiza, estaría previsto tomar testimonio a algún funcionario de la oficina judicial, según ha podido saber este periódico, aunque las fuentes oficiales del CGPJ no confirmado este extremo.