El pleno del Parlament aprobó ayer instar al Govern a que en la regulación del alquiler turístico se contemple todo tipo de viviendas, no sólo chalés, y que se establezca que deberán tener una antigüedad mínima de cinco años para dedicarse a esta actividad, entre otros requisitos. Este es uno de los puntos de una proposición no de Ley de El Pi, que recibió el respaldo de los partidos del Pacto a todos sus puntos y el apoyo parcial del PP.

Poco antes, el pleno había aprobado por unanimidad la propuesta del PP para instar al Govern a presentar en un plazo máximo de seis meses un proyecto de Ley que regule las diferentes modalidades de estancia turística que se producen en Balears, así como a consensuar esta regulación «con todos los sectores afectados y especialmente con las empresas comercializadoras de los alquileres vacacionales on line». Ambos puntos formaban parte de una moción sobre alquiler vacacional presentada por los populares, que aceptaron una enmienda de Més por la que se deberá «escuchar también» a los consells insulars y a los ayuntamientos para esta regulación. El plazo de seis meses al Govern para presentar una regulación del alquiler turístico ya había sido también aprobado hace una semana a través de una propuesta de El Pi.

El único punto de la moción del PP que no salió ayer adelante fue el que pedía la retirada del impuesto turístico hasta que no se hubieran regulado las modalidades de estancia turística. El diputado popular Álvaro Gijón criticó que el Govern «vaya a poner en marcha una ecotasa sin conocer las características del 40 por ciento de la oferta de alojamiento que supone el alquiler vacacional». Sus argumentos solo convencieron a Ciudadanos. Los partidos del Pacto dejaron clara su intención de aplicar la ecotasa este mismo año.

La proposición no de Ley presentada por El Pi que se aprobó ayer, tras la moción del PP, detallaba algunas cuestiones que debía contemplar la regulación de estas viviendas. Josep Melià, diputado de El Pi, resaltó la necesidad de que la regulación recoja «toda la tipología de viviendas» que puedan dedicarse al alquiler turístico, así como el establecimiento de una antigüedad de cinco años con el fin de «evitar el posible efecto especulativo» que podría producirse con promociones de viviendas para dedicarlas a esta finalidad.

«Queremos que lo que se haga sea legal pero no añadir más oferta», replicó al PP que pedía que se eliminara la antigüedad. Asimismo, la regulación deberá incluir una tabla de plazas máximas en función de las habitaciones o superficie de la vivienda, para evitar la masificación, y establecerse un sistema de calidad de este producto turístico. Además, los ayuntamientos podrán delimitar las zonas en donde no se pueda realizar el alquiler turístico de viviendas.