Los juzgados de Ibiza no cuentan en estos momentos con equipo psicosocial, encargado de realizar informes en asuntos de familia, de menores y en aquellos procedimientos que así lo requieran, puesto que tanto la psicóloga forense como la trabajadora social que lo integran se encuentran de baja y se está pendiente de que se puedan cubrir las vacantes.
El primer caso es especialmente grave debido a que la psicóloga forense lleva ausente desde agosto y en todo este tiempo su plaza ha permanecido vacante. El pasado mes de septiembre el responsable del Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza, Juan Ramón Sancho, ya anunciaba que esta vacante estaría al menos «cuatro o cinco meses sin cubrirse» debido a que, al no ser personal funcionario sino laboral, la plaza debía salir a oferta pública de empleo.
Lo llamativo, sin embargo, es que esto no ha ocurrido todavía, si bien parece que puede ser inminente. «Ya se va a publicar la oferta pública de empleo [para contratar a una persona sustituta]», comenta Sancho, que no sabe cuándo exactamente.
Una vez que se publique la oferta, desde el SOIB tendrán que realizar la primera selección de las personas candidatas para que sean entrevistadas en el IML y después, desde aquí, propondrán al SOIB a la persona elegida para que esta sea nombrada.
«Trataremos de agilizar»
«Trataremos de agilizar las entrevistas», sostiene el forense, que resalta que, si depende de ellos, «antes de final de año» la persona sustituta estará nombrada. «Daremos prioridad», insiste Sancho, quien critica que en todos estos meses el proceso «ha estado absolutamente parado».
En el caso de la trabajadora social, está de baja desde el 22 de octubre. Al igual que ocurre con la psicóloga, al ser personal laboral, la plaza deberá salir a oferta pública de empleo para poder ser cubierta y seguir el mismo proceso.
Sobre esta vacante, Sancho desconoce el tiempo que puede tardar en quedar cubierta, aunque confía en que será más rápido de lo que lo está siendo con la psicóloga.
Este diario ha contactado con el Ministerio de Justicia para conocer el motivo por el que la plaza vacante desde agosto está tardando tanto en ofertarse, así como para saber qué previsión se tiene para sustituir a la trabajadora social. Por el momento no se ha obtenido respuesta alguna por parte del departamento de comunicación de esta instancia.
La falta de psicólogo forense en los juzgados está causando un importante retraso en aquellos procedimientos en los que se solicita una prueba pericial o algún tipo de informe. «Está todo parado», indican fuentes judiciales. Además, son unas pruebas en las que ya de por sí había retraso incluso cuando estaba la plaza cubierta, por el hecho de que solo se cuenta con un profesional. Y es que para elaborar estos informes hay que hacer entrevistas a distintas personas y seguimiento.
Ahora, la ausencia de trabajadora social agravará todavía más esta situación. De forma conjunta el equipo psicosocial hace valoraciones sobre todo en asuntos de familia y menores.
«Cuando hay menores se les piden informes sobre el ambiente familiar, por ejemplo, y tanto en asuntos penales como civiles», dice una letrada. A petición de las partes o del juez examinan a la familia y pueden recomendar que se atribuya la custodia de los hijos a un progenitor o que sea compartida.
Labor de supervisión
En este ámbito, entre las funciones de la trabajadora social está también supervisar, por ejemplo, que se cumplen las medidas acordadas por el juez sobre el régimen de visitas a los hijos.
Asimismo, conjuntamente en una comisión en la que también se incluye al forense, elaboran informes de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, que a veces se piden para estar listos en tan solo 72 horas. Aunque el forense los puede seguir realizando y emitir las valoraciones, fuentes jurídicas criticaban hace meses que cada profesional aborda «aspectos diferentes».
En el caso de la psicóloga también interviene en todo tipo de casos del ámbito penal, si así se solicita. Por ejemplo se le puede pedir valoración para determinar si la persona acusada es responsable de sus actos o puede tener alguna alteración que la exima.
Una abogada explica que precisamente se ha visto en uno de estos casos con un cliente, sobre el que elude concretar datos. «Yo pedí un informe a la psicóloga para ver si [su patrocinado] era responsable. Fue a varias sesiones con ella, dos o tres entrevistas, pero ahora [desde el juzgado que lleva el caso] me han dicho que como no hay ni psicóloga ni trabajadora social, se deja sin efecto la prueba», indica esta letrada.
Ella avanza su intención de recurrir la decisión judicial porque considera que supone un perjuicio para su cliente.
