­El exconseller insular de Industria, Vicent Roig (PP), aseguró ayer que le parece «muy bien» que Costas haya impuesto una multa de 7.410 euros a Heineken Internacional y United State of Fans por los incumplimientos en los que incurrió en la fiesta celebrada en junio con motivo de la final de la Champions League en la playa de s´Estanyol, en la que colocaron una pantalla gigante en el mar. Según Costas, se ocuparon 570 metros cuadrados más de lo autorizado.

Roig, que fue el que autorizó la celebración cuando aún era conseller de Industria, explicó que el Consell no tiene potestad inspectora en este campo, por lo que quien hizo el informe sobre las irregularidades fue la Guardia Civil. «Nosotros dimos curso a esta denuncia, la enviamos a Costas para que actuasen», explicó el ahora conseller de la oposición, que ayer reconoció que ahora no volvería a autorizar esta fiesta en s´Estanyol. «Hay lugares que podrían ser más oportunos para esto, era el último año que los organizadores tenían previsto hacerlo allí, porque ya el anterior habían hecho algo parecido, aunque no tan grande», aclaró Roig, que recordó que dio el permiso porque desde las patronales se insistía en impulsar eventos que pudieran atraer a más gente a principios de temporada. «Esto podía provocar un impacto informativo positivo para la marca Ibiza y sí que es cierto que tuvo 40 millones de impresiones en redes sociales, lo que es casi equivalente a la población de España. Esta promoción, si tuviéramos que pagarla, tendríamos que gastar muchos millones», agregó el conseller, que indicó que ahora la actividad ya está «lanzada» y puede trasladarse hasta otro lugar. «Si fuera por nosotros tampoco se hubiera hecho en 2015 el Summit en el baluarte de Dalt Vila», añadió.

Preguntado por el importe de la multa, indicó que no entrará a valorarlo y explicó que Heineken buscaba eco mediático pero no ganó dinero y los únicos que tuvieron ingresos fueron las «empresas ibicencas que ayudaron a montarlo».

La vicepresidenta segunda del Consell, Marta Díaz, que era la jefa de departamento de Roig cuando se autorizó la fiesta (es funcionaria e hizo un informe favorable con prescripciones), se da por satisfecha después de que en julio reclamaran a Costas que actuara tras los incumplimientos detectados por la Guardia Civil. Preguntada por si el importe de la sanción es suficiente, Díaz indicó que no sabe si es la máxima aplicable, por lo que no lo puede valorar. De todas formas, indicó que si le tocara autorizar una fiesta así lo más seguro es que no lo hiciera. «No estoy de acuerdo con que se cierre una playa», dijo Díaz, que aseguró que Ibiza no necesita más publicidad de este tipo. También recordó que fue una decisión política del conseller, que debía justificar el «interés público». Roig replicó que no valorará nada de lo que diga Díaz y recordó que ella era la jefa de departamento.

El portavoz de Gent per Eivissa (GxE), Juanjo Cardona, que también denunció la fiesta ante Costas, indicó ayer que no han recibido respuesta de este organismo. Cree que el Consell nunca debería haber dado este permiso porque suponía «privatizar la playa» y que estos actos deberían hacerse en discotecas con control de aforo y horario. Consideró además que la multa es «ridícula». «Vemos que a una discoteca le cuesta 10.000 euros abrir seis horas más y hacer una fiesta privada en la playa cuesta 7.000, esto es prostituir la isla, todo tiene un precio y a las empresas les sale a cuenta», lamentó.