Alternativa Sindical (AS), sindicato profesional de los trabajadores de la seguridad privada, llevará al juzgado la contratación de la empresa Fegamas para el servicio de agentes cívicos de Sant Antoni. El coordinador general en Balears de este colectivo, José Gabriel Gómez, acusa de «falta de profesionalidad» a la Fiscalía de Ibiza, que hace unas semanas anunció el archivo de la denuncia interpuesta por AS contra la Corporación por prevaricación e intrusismo.
Gómez lamenta la «falta de interés» de la Fiscalía de Ibiza en la investigación, de cuyo archivo se le informó en un escrito del pasado 21 de mayo, alegando «falta de pruebas», cuando considera que presentaron el caso aportando «indicios suficientes» de los hechos denunciados.
Por ello el coordinador de los vigilantes en Balears anuncia que se acogerán a la vía que les ofrece la Fiscalía en ese escrito para llevar su caso «directamente al juzgado» para que sea un magistrado el que instruya la investigación. Gómez solo está pendiente de que la central del sindicato en Madrid les autorice a seguir adelante con la denuncia para formalizarla en los juzgados.
El representante de los guardas privados reitera que la empresa de servicios contratada para proporcionar «auxiliares» que ejercieran como «informadores cívicos» en Sant Antoni tenía a su plantilla «con contrato de recepcionistas». Sostiene además que se han excedido en sus funciones en reiteradas ocasiones, incluso miembros de Alternativa Sindical han presenciado cómo procedían al desalojo de algún local, «cuando no tienen autoridad para hacerlo» y podrían incurrir en delito «al vulnerar libertades y derechos» de los ciudadanos. Estos testimonios, anuncia Gómez, se incorporarán a la denuncia en los juzgados.
Le consta que la empresa Fegamas proporciona porteros a clubes de la isla e incluso en fiestas particulares. Pero no que esté «autorizada por el Ministerio del Interior para desempeñar funciones de vigilancia y seguridad», como recordaban en su denuncia de marzo de este año ante la Fiscalía. De ahí que en el sindicato consideren que se podría estar ante un caso de «intrusismo profesional»
Gómez señala que tal y cómo se redactó el pliego de esta contrata, se impidió concurrir a empresas del sector que le consta «que estaban interesadas». Fegamas obtuvo el servicio por 101.000 euros, 14.000 menos que los previstos por el Consistorio.
En su denuncia, que reiterarán en el juzgado, también consideran que el Ayuntamiento podría haber incurrido en «prevaricación» y en una «dejación de funciones» al contratar a los agentes cívicos, ya que dispone de una Policía Local habilitada para patrullar las zonas de ocio más conflictivas de Sant Antoni donde actuaron los informadores el año pasado, el primero en que Fegamas prestó el servicio.
Servicio «necesario»
Por su parte, una portavoz municipal valoró el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía y reiteró que el Ayuntamiento «siempre ha sostenido la legalidad y necesidad de contratar este servicio», que según esta portavoz ha estado activo durante dos temporadas. La alcaldesa en funciones, Pepita Gutiérrez, incluso llevaba en su programa electoral la creación de la figura del agente cívico «incluso con ese nombre», aseveró esta portavoz.
Según el equipo de gobierno, los agentes cívicos «no realizan funciones de seguridad privada», sino que proporcionan información a los jóvenes turistas del West End y s’Arenal para evitar que cualquier problema de convivencia o conducta incívica pueda acabar en un problema de seguridad, según explicó el concejal de Gobernación, Xicu Cardona, en la presentación del servicio en julio pasado.
El equipo de gobierno en funciones deja «toda la documentación preparada» para que la nueva Corporación pueda contratar de nuevo este verano al servicio de agentes cívicos, aunque será «decisión del gobierno que entre», explicaba la portavoz municipal.
