El documento habla de los actores implicados en el sistema y en el caso del profesorado apuesta por mejorar su formación inicial y equiparar maestros y profesores. Propone una revisión «profunda» del sistema de acceso a la función docente y dar más autonomía a los centros para elegir profesorado específico, pudiendo intervenir el Consejo Escolar de cada centro en el proceso de elección de profesores, que previamente hayan sido acreditados y baremados en la primera fase en función de criterios pedagógicos, del proyecto educativo y del contexto socioeconómico del centro. A la Administración le piden más profesionalidad y más inversión y a las familias un papel más activo para lograr «comunidades de aprendizaje».