La defensa de uno de los dos sospechosos de haber agredido a José Joaquín Fernández, uno de los policías acusados del robo en la sede del Grupo de Empresas Matutes, ha solicitado a la juez el sobreseimiento y archivo de la causa que se sigue contra él, al considerar que no hay pruebas que le incriminen y para evitar «que se continúe con el linchamiento» de su representado, «el cual se está viendo en una situación estigmatizadora de un proceso penal por unos hechos muy graves que jamás debería haberse incoado», según afirma en un escrito remitido al juzgado.
La causa cuyo sobreseimiento se ha solicitado investiga la agresión sufrida, el 18 de noviembre de 2013, por José Joaquín Fernández y su esposa, en su casa, en Sant Llorenç. Según su denuncia, les atacaron dos sicarios que buscaban el dinero que faltaba por aparecer del botín obtenido en el robo millonario al Grupo Matutes, cometido tres semanas antes. La petición de archivo destaca que la única prueba que existe, tanto contra su defendido, un empresario de Sant Antoni, como contra el segundo acusado de la agresión, un ciudadano rumano que hace labores de portero de discoteca, es una identificación fotográfica llevada a cabo por la víctima pero que la propia juez ya ha calificado de «altamente irregular». El empresario de Sant Antoni fue identificado por José Joaquín Fernández a través de una búsqueda que él mismo realizó a través de la redes sociales. Tras imprimir una fotografía del empresario, José Joaquín acudió a entregarla a la Guardia Civil, donde también le mostraron a otros individuos aunque señaló siempre al empresario de Sant Antoni. «Nos encontramos ante una falsa imputación, de la cual desconocemos los motivos que han llevado a los denunciantes a realizarla», afirma la defensa, que califica de «peculiar, inaudita, extraña y atípica» la identificación efectuada por José Joaquín y su esposa ante los agentes investigadores. Se refiere el abogado tanto a la forma en la que las víctimas facilitaron la foto del primer sospechoso, que no queda aclarada en las imprecisas declaraciones de ambos ante la juez, como al hecho de que José Joaquín y su esposa realizaron las identificaciones juntos, en lugar de hacerlo por separado.
Con el segundo sospechoso, las pruebas aún son más endebles, ya que el reconocimiento no se hizo de su rostro al completo sino únicamente de sus ojos y cejas, puesto que, según el relato de Fernández, uno de sus dos agresores iba encapuchado. Pese a todo, la juez, ha mantenido la imputación de los dos sospechosos hasta ahora, aunque en su día ni siquiera ordenó su ingreso en prisión por considerar ya irregular la identificación.
Prueba «clandestina» de ADN
En el escrito del abogado que representa al empresario de Sant Antoni se señala asimismo que la Policía «sin autorización ni resolución judicial alguna e ilegítimamente realizó clandestinamente una prueba de ADN» a su defendido. El acusado accedió voluntariamente y, sin embargo, el abogado considera que, en este caso, con la injerencia en el derecho a la intimidad que implica, tal prueba no era proporcional al delito investigado y que, en cualquier caso, debería haberse solicitado al juzgado. «Resulta nula de pleno derecho», se añade en el escrito en el que se solicita el archivo y sobreseimiento de las actuaciones.
La juez instructora del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1, tiene también pendiente de resolver la pretensión del policía que denunció la agresión de que se tome declaración a Abel Matutes, basándose en que José Joaquín Fernández sostiene que los dos matones que le atacaron le dijeron que habían sido enviados por Matutes.
